CARACAS (Reuters) - Los venezolanos dependen cada vez más de amigos y desconocidos para costear los tratamientos del COVID-19, debido a que la hiperinflación y las crecientes tarifas de atención médica han llevado a que las peticiones de ayuda en redes sociales y las campañas de financiamiento sean formas de cubrir los costos.
Familiares y amigos de enfermos por COVID-19 con frecuencia divulgan mensajes en Twitter y Facebook en los que apelan a la solidaridad para recibir aportes de dinero en cuentas personales o de conocidos, tanto en moneda local como en divisas, y así poder cancelar desde medicinas hasta gastos de hospitalización. Muchos no tienen ahorros suficientes por la voraz inflación.
Miguel Angel Borsegui es un estudiante de ingeniería de 20 años que en julio divulgó mensajes de Twitter en los que pidió colaboraciones para costear el alquiler de un concentrador de oxígeno y cancelar algunos medicamentos para su madre de 62 años, enferma de COVID-19 y que recibía tratamiento en su casa.
Dos semanas antes de que su madre se enfermara, Borsegui perdió su trabajo y también había contraído COVID, aunque leve. Los gastos en exámenes, medicinas y oxígeno para madre superaron los 700 dólares.
"Es una de las situaciones más complicadas que me ha tocado vivir cuando le diagnosticaron COVID a mi mamá", dijo Borsegui, quien con las ayudas financieras cubrió el gasto. "Me sorprende la solidaridad de la gente, no esperé tanto alcance".
Casi 20% de los hogares venezolanos que han sufrido alguna afección de salud no han adquirido medicinas, en gran medida por razones económicas, calculó la firma Anova Policy en abril.
En medio de la recesión, el gobierno de Nicolás Maduro flexibilizó los controles, lo que permitió mayores transacciones en divisas, pero gran parte de los empleados ganan en una moneda local que pierde valor de forma constante.
El salario promedio de un trabajador en el sector privado supera los 50 dólares y en el sector público alcanza a 4,7 dólares, según la estimación del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Milfri Pérez, una periodista que trabaja por cuenta propia y cuyo padre de 86 años murió de COVID, también pidió ayuda financiera cuando él estuvo enfermo. Los costos entre medicamentos, exámenes, honorarios de enfermeras y oxígeno fueron más de 10.000 dólares.
"Primero intentamos solventarlo (los gastos) entre nosotros, pero cuando avanza la enfermedad te das cuenta del costo (...) Somos ocho hermanos, todos profesionales, pero económicamente no estábamos solventes como en otra época", agregó Pérez, quien detalló que con las ayudas cubrió cerca de 40% del gasto.
Los hospitales públicos venezolanos carecen de equipos básicos y sufren con frecuencia fallas de luz y agua, según gremios médicos.
Las clínicas privadas están mejor equipadas, pero cobran desde 1.800 a 3.000 dólares por día de atención hospitalaria, algo que está fuera del alcance de muchos.
En el país sudamericano 95,2% de los hogares no tiene acceso a un seguro de salud efectivo, estima Anova. El gobierno estableció en marzo un tabulador a los seguros locales para la atención del COVID-19 que indica que podrán cubrir un máximo de 14 días de cuidados intensivos y pagar hasta 23.600 dólares por paciente con coronavirus.
Cuando los pacientes consumen los seguros y siguen hospitalizados en clínicas, las familias tienen que buscar las maneras de pagar. Si la persona fallece se deben saldar los montos pendientes, por lo que muchas peticiones de colaboraciones son para cancelar deudas.
"Es una situación complicada, porque a medida que avanza la enfermedad se trata con medicinas y equipos costosos", dijo Germán Cortez, presidente de la asociación de clínicas, quien agregó que en ocasiones les dicen a las familias que compren las medicinas para así aliviar un poco los presupuestos.
Aquellos que hospitalizan a sus allegados en los centros públicos deben llevar los insumos por las carencias de medicamentos y equipos. Carlos Roque es un farmacéutico que recurrió a las redes sociales para pedir ayudas que le permitieran atender los gastos en el hospital donde estuvo su madre, que falleció.
Su madre también tenía problemas renales y en el hospital donde estaba el equipo de diálisis no funcionaba, por lo que contrató un servicio externo que cobraba 725 dólares por cada diálisis, un dinero que Roque no tenía. Parte del gasto lo solventó con los aportes que le hicieron a su cuenta bancaria.
Los casos de COVID superan los 373.000 y hay más 4.500 muertos, aunque médicos y academias señalan que las cifras son mayores en medio de una campaña de vacunación que avanza lento. Según datos oficiales a fines de agosto, un 27% de la población estaba completamente vacunada, pero la OPS estima que solamente un 20,8% de los venezolanos recibieron el esquema completo.
(Reporte de Mayela Armas. Información adicional de Jhonny Carvajal. Editado por Javier Leira)
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