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Procesos penales por malversación en mercados de La Habana

Cuatro procesos penales por delitos de cohecho y malversación en entidades estatales, fueron ejecutados por las autoridades fiscales de Cuba tras una ofensiva de investigaciones desatada en el transcurso del presente año.

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Este artículo es de hace 8 años

Cuatro procesos penales por delitos de cohecho y malversación en entidades estatales, fueron ejecutados por las autoridades fiscales de Cuba tras una ofensiva de investigaciones desatada en el transcurso del presente año.

Unas 66 violaciones legales y un faltante superior a los 260 mil pesos cubanos (CUP) en centros comerciales de La Habana, constituyen los resultados arrojados por las auditorías, diseñadas para asegurar el control de los recursos financieros asignados a empresas del Estado. El informe de la Fiscalía General de la República, publicado por la prensa oficial, apuntó que ha ejecutado los controles a seis Mercados Artesanales Industriales (MAI) de los municipios Playa, Habana del Este, Centro Habana, Arroyo Naranjo y Boyeros.

“Se radicaron cuatro procesos penales en diferentes municipios, por conductas tipificadas como delitos de cohecho y malversación, de ellos, uno se remitió al Tribunal Provincial y el resto continúan para su pronta conclusión”, resalta en reporte.

En estos Mercados se detectaron 41 violaciones y un faltante total que asciende a 216,673 CUP, así como 58,357.58 CUP correspondientes a recursos sin control contable. Igualmente, se ejecutó una auditoría fiscal a la producción y comercialización de cárnicos en cinco municipios capitalinos donde se produce el sacrificio de ganado porcino y vacuno. En estas empresas se detectaron 25 violaciones, con 23 responsables, de ellos cuatro directivos, 12 ejecutivos y siete trabajadores.

Entre las causas que propiciaron las ilegalidades se encuentran los incumplimientos de mecanismos de control interno y supervisión, la negligencia en el desempeño de las funciones de los directivos en algunos de los centros mencionados, la ausencia de objetividad en los planes económicos aprobados, insuficiente gestiones de cobro e incumplimiento de los procedimientos establecidos para los cobros y pagos.

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