Una declaración del Gobierno, publicada este lunes en el periódico cubano Granma, centrada inicial y casi exclusivamente a comentar la actual crisis migratoria que padecen cerca de 4 mil cubanos en Costa Rica, casi imperceptible y lateralmente, ha informado de la aplicación del Decreto 306, del 11 de octubre de 2012 que regula la salida al exterior de profesionales de la salud.
Tras culpar nuevamente a Estados Unidos con sus políticas de atracción de migrantes cubanos, aludir a la política pies secos/pies mojados, la ley de ajustes y al Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, tras largas disquisiciones que presentan un estado de daño efectivo en la salud cubana por la salida no regulada de sus profesionales, en un intento por lanzar la noticia de manera subrepticia y restándole la real y trascendente importancia que tiene, la nota informa que:
Ante la necesidad de garantizar a nuestro pueblo un servicio de salud eficiente y de calidad, así como mitigar las afectaciones que hoy se producen como consecuencia de la política migratoria selectiva y politizada de los Estados Unidos hacia Cuba y la creciente contratación no planificada de médicos cubanos en otros países, se ha decidido aplicar las regulaciones establecidas en el Decreto 306, del 11 de octubre de 2012, para las salidas al exterior por asuntos particulares de profesionales médicos de diferentes especialidades que realizan actividades vitales en los servicios de salud a la población y en la actividad científico-técnica.
La medida que se hará efectiva el próximo 7 de diciembre no supone, que “los médicos especialistas no puedan viajar o residir en el exterior, sino que se analizarán las fechas de salida del país, teniendo en cuenta el relevo de cada profesional, para propiciar un ordenamiento laboral que garantice la accesibilidad, calidad, continuidad y estabilidad del funcionamiento de los servicios de salud”.
Sin embargo, la entrada nuevamente en vigor de esta normativa no solucionará los actuales problemas migratorios de la isla, ni las carencias y deficiencias de su sistema de salud, sino que limitará aún más la movilidad de los profesionales de la salud cubanos y sus libertades para escoger cuándo y cómo salir del país. La medida, igualmente, podrá servir de ideal cortina para justificar cualquier negativa o rechazo de viaje, siempre que esgriman afectaciones a la “accesibilidad, calidad, continuidad y estabilidad del funcionamiento de los servicios de salud”.
Una vez más los indicios de descontento en la población -visibles en las altas tasas de emigración- no conllevan a análisis de la situación que los motiva, no conllevan flexibilizaciones, oportunidades y nuevas opciones sino represiones, limitaciones y restricciones.
La nota, y la medida, se saltan el paso de contemplar cifras y datos reales ¿cuántos de los cuatro mil cubanos que hay en Costa Rica son profesionales de la salud? ¿qué proporción de los cubanos que residen en el extranjero son médicos, enfermeras, dentistas, especialistas de esos que la nota dice perder por “las facilidades que ofrecen varios países, especialmente clínicas privadas, a personal de la salud cubano”? ¿cuántos son, sin embargo, los que se encuentran cumpliendo algunas de las misiones reguladas y establecidas por el propio gobierno?
En franco retroceso a políticas represivas que habían dejado de aplicarse tras la llamada "actualización" de la Ley Migratoria que entró en vigor en enero de 2013, la nota devuelve el sufrimiento y discriminación que padecen los profesionales de la salud en Cuba que deberán solicitar permisos para poder salir del país.
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