Algunos analistas consideran que la promesa de Donald Trump de deportar a millones de migrantes en situación irregular en EE.UU podría favorecer a la industria carcelaria privada.
El mercado de valores parece estar de acuerdo, pues el 9 de noviembre CoreCivic Co. registró su mayor ganancia en la Bolsa de Nueva York, con un incremento del 43% en el valor de sus acciones.
A ello se suma que los títulos de otra empresa privada de prisiones, Geo Group, ganaron un 21%, según aseguran medios de prensa.
Durante su campaña, Donald Trump avisó que el sistema penitenciario del país era un desastre, y mostró su apoyo a las prisiones privadas.
La población carcelaria de las prisiones federales había experimentado una tendencia decreciente durante casi una década, pero en el pasado mes de agosto Obama anunció que dejaría de usar algunas instalaciones privadas.
El anuncio lo hizo luego que una auditoría del Departamento de Justicia revelara que las cárceles privadas tienen más problemas de seguridad que las prisiones gestionadas por el Gobierno.
El cambio de política anunciado por Obama no afectaba a las cárceles privadas empleadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
No obstante, varios funcionarios federales manifestaron que podrían considerar la eliminación gradual de instalaciones privadas también para este campo.
La llegada al poder de Trump podría dar un viraje a lo decretado por Obama, y es que el magnate, recién electo presidente, opina justo lo contrario que su predecesor:
"Creo que podemos hacer muchas privatizaciones y prisiones privadas. Parece que funcionan mucho mejor".
Eso fue lo que declaró Trump a la televisora MSNBC en el pasado mes de marzo, aunque no ofreció detalles sobre lo que podría significar eso para el sistema federal de prisiones.
En estos momentos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas retiene a 34.000 migrantes que estarían a la espera de deportación.
46 de las casi 180 instalaciones en las que el ICE tiene retenidos a los migrantes son de gestión privada. Según el departamento, alrededor del 73% de los detenidos lo están en centros privados.
Michael Kodesch, de la firma de servicios financieros Canaccord Genuity Inc. ha declarado:
"Trump dijo durante su plan de 100 días que los mínimos obligatorios para que las personas reingresen al país se fijaría en dos años, esto va a crear una necesidad de camas en el largo plazo".
Y agregó:
“Los centros de detención para migrantes son especialmente beneficiosos para empresas de prisiones privadas porque tienen una tarifa más alta por cada reo”.
Por su parte, Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leadership (ONG que trabaja para reducir la tasa de encarcelación y detención), manifesfó que “lo que es bueno para los inversionistas no lo es para el país”.
Y añadió:
"Le están dando las llaves de una máquina de deportación al gobierno de Trump”.
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