Una receta para que haya comida no solo en la Mesa Redonda de la televisión cubana

El espacio televisivo Mesa Redonda, del lunes 4, se consagró al tema que más preocupa a las autoridades y angustia a los cubanos: ¿Cómo producir más alimentos durante la pandemia de COVID-19 y después que pase la emergencia?

El enfoque y los temas abordados por los ministros de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero e Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, y Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial AZCUBA. sirven de bien poco.

Los tres burócratas comunistas no aportaron ni una sola idea capaz de resolver un problema candente, actual, y lo que es peor, va a continuar cuando pase la crisis sanitaria.

¿Cómo es posible que más de 400 mil productores que integran el sistema agropecuario cubano no puedan atender las necesidades de alimentos de la población y se tenga que recurrir a importaciones?

Porque no disponen de los medios necesarios para lograrlo. De nada sirven “procesos de intercambio, reuniones con los productores individuales, granjas estatales” porque eso ya no tiene sentido ni justificación en este momento.

Quedó atrás el momento de identificar y relacionar “buenas prácticas”, si es que existe alguna y olvidarse de esas “soluciones y alternativas nacionales a la falta de insumos productivos importados” que no consiguen dar resultados, porque la producción agropecuaria no aumenta, y ahora no hay dinero para comprar alimentos fuera del país.

¿Tienen sentido experiencias colectivistas como la agricultura urbana, suburbana y familiar o el traslado a las cooperativas de la crianza de aves y cerdos?

Lo primero es ineficiente e improductivo, y en modo alguno puede paliar la inexistencia de maquinaria y combustible. Ir a lo pequeño no es justamente lo que se tiene que hacer. En cuanto a las cooperativas, es raro que esa opción no se haya autorizado antes. Conseguir ahora, a trompicones, una productividad diferencial en estas prácticas, no será posible. En ambos casos, se ha perdido un tiempo formidable.

¿Tiene sentido “trabajar directamente en la finca de productor para cortar de raíz prácticas negativas que el régimen ha identificado, como subdeclaración de la producción y siembras realizadas, existencia de cultivos no reportados y contratados oficialmente, desvíos de las producciones a otros destinos no autorizados o las ilegalidades y delitos con la producción terminada?

Nada más absurdo. Zapatero a tus zapatos. La intromisión de las autoridades en la producción va a suponer rechazo y, si se refuerza ese plan intervencionista, muchos productores tirarán la toalla, dejarán de producir, como ha ocurrido en períodos represivos semejantes, y harán bien.

Las autoridades andan perdidas y el espectáculo de la Mesa Redonda crea más preocupación y alarma que tranquilidad, a una sociedad que sabe que puede ocurrir lo peor, es decir, que en junio ya no habrá alimentos en las bodegas. Y esto no será responsabilidad de la pandemia, sino de la incapacidad de las autoridades para actuar de forma correcta en el actual escenario.

¿Qué habría que hacer entonces?

Lo primero, lo que funciona siempre en la agricultura (lo hizo Vietnam con las reformas conocidas como Doi Moi) establecer un marco jurídico estable para la protección y defensa de los derechos de propiedad de todos los factores de producción, en particular de la tierra.

Nada de arrendamientos a largo plazo.* Titularidad de la propiedad de la tierra a los productores, mediante operaciones de venta a plazo que no supongan pérdidas para ninguna de las partes.

Una vez consolidados los derechos legítimos de propiedad en la agricultura cubana, el gobierno debe proceder a:

Eliminar todas las restricciones que impiden a los productores decidir libremente que quieren producir, cuánto, a qué precios, dónde, cómo y con quién.

Libertad absoluta para vender y comprar, para importar y exportar tecnología incluida. No limitar acuerdos con productores de otros países.

Autorizar la libre contratación de trabajadores y la fijación libre de salarios en el sector agropecuario.

Reformas de este calado supondrían una transformación estructural de la agricultura cubana, compatibles con un sistema tributario justo y progresivo. La viabilidad del sistema “socialista” cubano, que se pretende "próspero y sostenible" depende, y mucho, de lograr una base económica potente.

Proceder a una eliminación progresiva de la distribución estatal de todo tipo de rubros relacionados con la agricultura, de los mercados agropecuarios estatales y todo lo relativo a mercados mayoristas dependientes del estado, como Acopio, y autorizar el trabajo por cuenta propia y proyectos emprendedores escalables en los renglones de la logística y distribución comercial, facilitando joint ventures con cadenas de valor internacional.

Todo el sector minorista de la distribución agropecuaria debe dejar atrás la clasificación actual de distintas “formas comerciales” y pasar a un solo sistema basado en grandes superficies y comercios minoristas de propiedad privada dirigidos por comerciantes.

La distribución estatal debe ser trasladada a manos privadas por medio de ventas a largo plazo de los activos, con procedimientos transparentes, objetivos y libre concurrencia en igualdad de oportunidades, sin discriminar a cubanos emigrados y sus posibles socios extranjeros, como imponen siempre la represión de la Seguridad del Estado y los miedos del partido comunista.

Redefinir las funciones del Ministerio de Agricultura y su papel intervencionista y director de la política agropecuaria cubana, y limitar sus funciones al ámbito de la regulación y ordenación, en línea con las actuaciones de otros países.

El ministerio dejará de efectuar operaciones intervencionistas como la priorización de determinadas siembras, las entregas a los centros de aislamiento, o la comercialización de productos para las personas, de conjunto con los consejos de defensa.

El Ministerio de Agricultura limitará su actuación a las entregas a colectivos vulnerables y subsidiará, en su caso, los programas a los productores privados que elijan libremente esa colaboración.

En cuanto a los productos exportables, el ministerio debe coordinar actuaciones con otras entidades para ayudar al crecimiento de las ventas en el exterior de modo que se mantenga el crecimiento de estos rubros, tabaco mecanizado, cigarrillos, miel, café, cacao, carbón vegetal, frutas y vegetales, que precisamente “sobrecumplen” a diferencia del resto de la agricultura.

Invertir dinero estatal es necesario, pero se tiene que enfocar en el objetivo de rentabilidad. Las autoridades informaron en la Mesa Redonda que trabajan en 138 inversiones en este año, pero ¿se puede determinar la rentabilidad de estos proyectos? Y ¿su eficacia y/o necesidad?

¿Qué criterios utiliza el estado para decidir en qué se invierte y en qué no? En todo caso, parece conveniente que estas decisiones sean tomadas por los productores, una vez que accedan a los derechos de propiedad de los factores de producción, y no por el estado, que, en todo caso, puede desempeñar un papel subsidiario, sobre todo en infraestructuras.

No tiene sentido que el estado cubano retenga la titularidad de factores de producción vinculados al sector agropecuario, salvo los estrictamente necesarios para sus funciones de regulación o de I+D+I, entre otras.

Tampoco debe retener la propiedad de empresas o conglomerados estatales, como es el Grupo Empresarial AZCUBA. Por ello, procede también la privatización de esta empresa y, su traslado, en pie de igualdad con el resto del sector, a la gestión privada.

Los ingresos obtenidos de este proceso privatizador se pueden destinar, de forma prioritaria, a muy corto plazo a atender las necesidades urgentes de la pandemia. La venta de AZCUBA debe ir dirigida a lograr una estimulación continua de la producción de azúcar y derivados, a partir del know how y experiencia que cabe exigir a los participantes en el proceso de venta.

El nuevo AZCUBA, con libertad para los gestores, debe orientar su producción a atender las demandas del mercado interno, incluida la industria turística cuando se recupere, y los excedentes, en su caso, destinarlos a la exportación.

Alternativamente, esta operación de venta de AZCUBA debe ir acompañada de una previa separación del fondo agropecuario de este Grupo empresarial, que cuenta con 442 mil hectáreas, y que, por su especialización en alimentos, deberá ser la venta interna a productores agropecuarios que busquen escalar sus tierras para hacerlas más eficientes.

Con relación a la industria alimentaria, se adoptarán medidas necesarias para su reestructuración en favor del sector privado siguiendo un esquema abierto y transparente de privatizaciones de todas las empresas pertenecientes a esta actividad, eliminando la titularidad que ejercen los consejos populares, municipales, provinciales y las organizaciones estatales.

De igual modo, deberán ser suprimidos los compromisos del ministerio con la “canasta normada” o con los consejos de defensa con el objetivo de incrementar la producción de leche, harina de trigo, aceite, etcétera, etc; que solo provocan escasez.

El principal objetivo de la reestructuración será poner fin a los problemas financieros del sector, la falta de piezas de repuesto, el atraso tecnológico y la falta de productividad y eficiencia.

No siendo necesario, el Ministerio de Industria Alimentaria deberá ser suprimido y sus funciones trasladadas a un único ministerio de industria.

De la misma forma, todos los proyectos de inversión a cargo del estado serán sometidos a revisión, a tenor de los nuevos propietarios de la industria y los fondos estatales liberados deberán ser destinados a otras actividades sociales.

Evidentemente, con una Mesa Redonda no aumenta la producción agropecuaria de un país, que necesita llenar sus mesas de comida abundante y estable; el resto son melancolías de burócratas cegados por el comunismo empobrecedor.

* En la mesa se ofrecieron algunos datos de expedientes tramitados 33.746, resueltos 22.315, en proceso 11. 431, lo que dice poco de esta actividad, que parece haberse estancado ante la falta de interés.