La jueza federal Beth Bloom ordenó este viernes a cuatro compañías de cruceros con bases en la Florida pagar 400 millones de dólares estadounidenses por traficar con bienes robados por Fidel Castro en la década de los años 60, del pasado siglo.
Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian cometieron “actos de tráfico” y se involucraron en “turismo prohibido” al trasladar a viajeros estadounidenses hasta La Habana y utilizar instalaciones portuarias confiscadas sin indemnización, dice la sentencia, a la que CiberCuba tuvo acceso.
Havana Docks Corporation, la compañía que ocupaba una importante zona de operaciones en el puerto de La Habana, presentó en 2019 una demanda al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, que el presidente Donald Trump activó ese mismo año.
"El Tribunal determinó que los demandados obtuvieron cantidades significativas de ingresos, de cientos de millones de dólares cada uno, de sus actividades ilícitas de tráfico y en detrimento del demandante", escribió la jueza en la sentencia.
Asimismo, Bloom rechazó la propuesta de los demandados de una indemnización menor, porque no tendría un propósito disuasorio efectivo y podría considerarse un costo por hacer negocios.
La sentencia de este viernes puede apelarse, pero establece un precedente importante para futuras demandas de ciudadanos estadounidenses o cubanos que sufrieron la confiscación de sus bienes sin ningún tipo de indemnización por parte del régimen comunista de Fidel Castro; y una alerta para aquellos inversores que deseen establecer relaciones comerciales con Cuba.
De acuerdo con las pruebas presentadas y toda la investigación realizada, las cuatro compañías con sede en Estados Unidos obtuvieron ingresos que superan los 1,100 millones USD y pagaron 138 millones USD a entidades gubernamentales cubanas.
"El uso comercial de bienes confiscados en Cuba en violación de la ley estadounidense conlleva consecuencias legales claramente detalladas, bien conocidas y publicitadas. Después de décadas de perseguir sus derechos legales, Havana Docks está un paso más cerca de la justicia", dijo Bob Martínez, jefe del equipo de defensa legal, al periódico El Nuevo Herald.
Por su parte, la compañía de cruceros Carnival consideró que sus acciones hayan sido incorrectas y que participó en viajes legales explícitamente autorizados y alentados por el gobierno de Estados Unidos.
Las pruebas presentadas durante todo el proceso legal demostraron que los cruceros ofrecían excursiones a playas, el cabaret Tropicana y lecciones de coctelería, actividades que para el Tribunal no coinciden con la descripción de "educativas" y de viajes para fortalecer el contacto entre los pueblos.
Los viajes en crucero a Cuba, como parte del descongelamiento bilateral impulsado por el presidente Barcak Obama, comenzaron en 2015 y terminaron en junio de 2019.
Que el Departamento del Tesoro emitiera licencias de viaje “y los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, alentaran a los acusados a hacerlo, no los exime automáticamente de responsabilidad si se involucraron en un turismo prohibido por ley”, escribió la jueza Bloom en marzo.
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