Un tribunal federal de apelaciones determinó que el gobierno de Joe Biden no puede liberar bajo libertad condicional (parole) con supervisión limitada a algunos solicitantes de asilo en la frontera mientras continúan su batalla legal en Estados Unidos.
La decisión del Tribunal del Onceno Circuito en Atlanta marca un portazo a la política de inmigración puesta en marcha por Washington tras la suspensión de la orden sanitaria del Título 42, y rechaza los argumentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para liberar a solicitantes de asilo que ingresan ilegalmente al país.
El fallo del panel de tres jueces consideró que el gobierno federal no pudo respaldar su argumento de que las retenciones de los inmigrantes crearían un "hacinamiento inseguro" en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y derivarían en "condiciones peligrosas" tanto para los agentes fronterizos como para los inmigrantes.
"La capacidad del Departamento para determinar los daños futuros es, en el mejor de los casos, incierta. Teniendo en cuenta estos antecedentes, tomamos con cierto escepticismo las últimas afirmaciones del DHS sobre un desastre inminente si no se le permite utilizar ninguna de las políticas impugnadas", indicó la decisión judicial.
La orden judicial consideró que los datos recientes de la frontera sur arrojan más dudas sobre el argumento de “daños irreparables” esgrimido por el DHS.
“En contra de las predicciones catastróficas del DHS, el número de detenciones diarias de extranjeros no se disparó los días siguientes a la expiración de la orden del Título 42, el 11 de mayo de 2023, sino que disminuyó significativamente”, agregó el dictamen de ocho páginas.
Un informe del DHS difundido este martes indicó que las entradas de inmigrantes por la frontera sur se han reducido en un 70% desde la eliminación del Título 42.
La decisión fue redactada por la jueza cubanoamericana Barbara Lagoa, nacida en Hialeah y graduada por la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Lagoa, de 56 años, fue nombrada para el puesto por el presidente Donald Trump en 2019.
El fallo es considerado una victoria política para el gobernador Ron DeSantis, pues la apelación está vinculada a una demanda de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, en la cual se cuestiona la política migratoria de Biden y sus efectos negativos para la economía y la seguridad del estado.
Para los inmigrantes cubanos, las consecuencias pudieran ser menores, dada la reducción de detenciones que se han registrado en la frontera sur desde el pasado enero. Las personas que programen una cita por la aplicación CBP One para solicitar asilo ante las autoridades migratorias no se verían afectadas por esta decisión judicial.
La demanda original fue interpuesta por Moody en 2021 alegando que las autoridades ignoraban una ley federal que obliga a detener a inmigrantes llegados ilegalmente al país.
El pasado marzo, el juez de distrito Kent Wetherell II ordenó a las autoridades federales de inmigración que revisaran sus políticas de libertad condicional alternativas a la detención, conocidas como "libertad condicional + ATD", y criticó abiertamente al gobierno por la “crisis insostenible" en la frontera sur.
Justamente horas antes de que expirara el Título 42, el juez Wetherell II bloqueó el programa de emergencia del DHS para permitir que algunos inmigrantes ingresaran al país por un período limitado mientras esperan ser procesados.
Wetherell II valoró entonces que el programa de emergencia se parecía mucho a un programa de libertad condicional similar que él suspendió en marzo.
El gobierno federal solicitó la revisión de esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Atlanta, que ahora denegó la moción de suspensión.
El panel de jueces también se cuestionó que el gobierno de Biden esperó casi 60 días para apelar el fallo original, casi al filo de la terminación del Título 42.
"En este contexto, es decir, cuando el DHS enmarca sus preocupaciones sobre sus herramientas en la detención de extranjeros en la frontera en términos de seguridad nacional, ese retraso de varios meses socava en gran medida la posición del departamento", escribió Lagoa.
Florida está en el foco de la atención nacional por su manejo de los asuntos migratorios. El gobernador DeSantis ha sustentado sus aspiraciones presidenciales en una política dura hacia los inmigrantes y promovió una Ley de Inmigración que establece estrictos controles y penaliza a quienes brinden empleo o transporten a indocumentados.
La Ley de Inmigración de Florida debe entrar en vigor el próximo 1 de julio.
¿Qué opinas?
VER COMENTARIOS (1)Archivado en: