El Gobierno cubano ha optado por aplicar la regulación migratoria para impedir la salida del país al menos a 200 personas en Sancti Spíritus que supuestamente declaran menos ingresos de los que en realidad tienen y no se ponen al día tras el requerimiento de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).

Así lo recoge el diario Escambray, que asegura que el año pasado medio millar de contribuyentes fueron incluidos en la lista negra al declarar ingresos por debajo de los reales. Según el periódico oficialista, por ese concepto se dejaron de ingresar 40 millones de pesos (unos 123.000 dólares si se cambia a 1 x 325 y 1,6 millones USD si el cambio es a 1 x 24).

Quienes no pagan una vez recibido el apremio de la Administración Tributaria son denunciados por delito de evasión fiscal. En lo que llevamos de año ya están en marcha 14 procesos por esta causa, que suman, siempre según Escambray, 10,2 millones de pesos. Acto seguido, la ONAT envía los expedientes de estas personas al Grupo de Análisis del Ministerio del Interior para que investigue los casos y determine si se inicia o no un proceso penal.

Algunos pagan al recibir el apremio y si no lo hacen se les aplica la regulación migratoria, que se mantiene hasta que abonen una deuda que la ONAT no explica cómo calcula o cómo determina que está ante una subdeclaración de ingresos.

Otra de las sanciones que también se aplica es la retirada de la licencia comercial de forma temporal o definitiva y el cierre del establecimiento, en caso de reincidencia.

Marisleidy Perdigón Pérez, subdirectora de la ONAT en Sancti Spíritus niega que el propósito de la ONAT sea penalizar o sancionar a quienes ellos consideran que declaran ingresos por debajo de las ganancias reales sino conseguir que paguen "disciplinadamente".

Según el registro de Mipymes (mipymescuba.top) en Sancti Spíritus hay registradas 370 pequeñas y medianas empresas.

Controles en Las Tunas

También con ánimo de destapar ingresos no declarados, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en Las Tunas ha anunciado el inicio de una operación de verificación fiscal a todas las Mipymes de la provincia que en 2023 declararon pérdidas. Según informa Periódico26, tras el cierre, el pasado 31 de marzo, del plazo de pago voluntario de utilidades del sistema empresarial, de las 109 Mipymes registradas en la provincia, 11 declararon pérdidas y otras 10 están no operativas.

Las Mipymes que aseguran haber registrado pérdidas en 2023 están en Manatí, Jobabo, Jesús Menéndez, Colombia y Las Tunas. Las que terminaron el año inoperativas son de Majibacoa, Jobabo y el municipio cabecera.

El diario oficialista asegura que la campaña de pagos va con retrasos "significativos". En el caso de la declaración de los ingresos personales, que incluye a los cuentapropistas, artistas, comunicadores sociales y otras figuras, solo el 36,7% de ellos está al día con la ONAT. Por municipios, Las Tunas es la que más morosos registra, mientras que en Manatí es donde ya está al día casi el 70% de esos contribuyentes.

Por sectores, el más rezagado con los pagos es el agropecuario. De los 10.000 propietarios en usufructo o tenedores de tierras que están obligados a hacer la declaración, sólo lo ha hecho menos del 22% a tres semanas del cierre del plazo voluntario de la Campaña de Declaración Jurada y Pago de Tributos.

El control de las pequeñas y medianas empresas, Mipymes, no se limita a Las Tunas. Este 15 de abril agentes del Ministerio del Interior, procedentes de 100 y Aldabó, hicieron un despliegue de agentes de paisano en torno a dos establecimientos (la Mipyme Tres Hermanos Tabares (THT) y el restaurante Rápido y Rico). El operativo despertó todas las alarmas en el municipio matancero de Jagüey Grande.

Según las imágenes compartidas en Facebook el operativo duró más de 24 horas y hubo decomiso de mercancías. Con más de 60,000 habitantes, Jagüey Grande es uno de los municipios más dinámicos en la creación de Mipymes en Cuba, de las que aparecen unas 60 registradas en el sitio mipymescuba.top.

El tema de las Mipymes es muy controvertido fuera de Cuba por la relación de pequeños y medianos empresarios con el régimen. Por eso a primeros de este mes de abril, el Gobierno de Estados Unidos prohibió destinar fondos federales a Mipymes vinculadas a la dictadura, como parte de la Ley de Asignaciones Estatales, de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el Año Fiscal 2024.

A mediados de octubre pasado, medios de prensa independientes revelaban que la hija de Mariela Castro y nieta del dictador Raúl Castro era la dueña de una Mipyme en La Habana dedicada a la venta de alimentos.

Lisa Titolo Castro, hija de Mariela y su esposo italiano Paolo Titolo, quienes viven en una lujosa mansión en el exclusivo barrio de Miramar, era la propietaria de Gaia Mercado. Lisa sigue el camino de su primo Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, en el mundo empresarial.

En redes sociales son muchas las denuncias que señalan que las Mipymes pertenecen a miembros de la alta cúpula del régimen, a familiares, o a funcionarios represores.