En Miami crece rechazo a anticubanas regulaciones financieras y restricciones del gobierno de EE. UU.

Este artículo es de hace 12 años
"Ahora resulta que podríamos ir a la cárcel por perder una maleta", comentó Tessie Aral, vicepresidenta de ABC Charters, al St. Petersburg Times. Tal vez la preocupación de Aral se conjure por la acción de un juez Federal de Miami que bloqueó la ley estatal 1310, aprobada por el Gobernador de Florida, que impone nuevas regulaciones financieras y otras restricciones a las agencias de viajes que negocian con Cuba, refiere hoy en el diario Granma el periodista Gabriel Molina. El recargo debió comenzar a funcionar a partir del 1ro. de julio, pero el magistrado dictó ese mismo día un requerimiento al gobierno de Florida, concediendo hasta el miércoles 9 para presentar sus respuestas a la demanda formulada por, al menos,16 agencias de viajes, contra los nuevos y elevados pagos exigidos para operar a las empresas que organizan vuelos y realizan envíos a la Isla y posteriormente pospuso la decisión judicial para el 25 de septiembre. Las nuevas restricciones fueron patrocinadas por el representante republicano David Rivera, aprobadas por ambas cámaras floridanas y refrendadas el 23 de junio por el gobernador Charlie Crist. Según el periódico Progreso Semanal, de Miami, "Rivera es el hombre de paja de los hermanos Díaz-Balart, quienes a su vez integran el engranaje de control de la Florida y han sido, según el propio Bush, un buen consejero. Si no fuese por el cordón umbilical que une a Miami con Washington DC, Crist, aspirante a vicepresidente en la candidatura de McCain, no la hubiese firmado, pues ya tiene demasiada pérdida de apoyo". Una encuesta de Zogby, publicada por El Nuevo Herald el 24 de junio, revela que el 52% de los entrevistados catalogó el desempeño de Crist como gobernador, entre regular y malo. Las recientes normas se publicaron oficialmente el jueves 26 en la página de Internet del gobierno estadual, pero las agencias de viajes y las empresas que alquilan los aviones no pagaron los depósitos requeridos por ellas, en espera de la decisión judicial. El vuelo charter programado para ese martes último, pudo efectuarse solo después de una gran demora en el aeropuerto, por las airadas protestas de cientos de cubano americanos que tenían sus pasajes para viajar a La Habana. La ley, "redobla una serie de controles estatales, establece nuevos mecanismos de supervisión e impone adicionales primas hasta de 250 000 dólares, que podrían ser utilizadas por las autoridades Estatales para investigar a los negocios que venden boletos aéreos y despachan mercancías regularmente hacia la Isla". También tendrían que pagar 2 500 dólares por el registro y deben informar regularmente al Estado de Florida el número de pasajeros que viajen a Cuba, según los diarios The Miami Herald y St. Petersburg Times. Pero ninguno de ellos se dio por enterado de los fuertes reclamos del derecho a viajar que ocurrieron en el aeropuerto y provocaron que se autorizase el vuelo y la decisión judicial. El grupo de empresas había presentado el lunes 30 de junio una demanda ante el juez federal, Alan Gold, contra el gobierno del Estado. Alegaron que con la medida refrendada por el gobernador Crist, este se atribuyó funciones normativas que no le competen y viola los derechos de las compañías, que ya responden a un arbitraje federal. "Es una medida inconstitucional en muchos sentidos. Es un ataque contra empresarios cubano americanos de esta comunidad y la gente que quiere viajar a la Isla. La medida tiene como fin terminar con los vuelos a Cuba. No sirve bien al público", dijo el abogado Ira J. Kurzban, de las agencias de viajes que reclaman la normalización de las operaciones, durante una conferencia de prensa en el bufete Kurzban Weinger & Tetzeli en Miami. La conferencia fue organizada por la Comisión Cubanoamericana por los Derechos de la Familia (CCDF), creada en el 2004 para reclamar la derogación de las disposiciones tomadas por el presidente George W. Bush, a instancias de los congresistas federales Ileana Ros-Lehtinen y los hermanos Díaz-Balart. Esas medidas redujeron la frecuencia de los viajes familiares a la nación caribeña a una vez cada tres años y otras prohibiciones que encuentran creciente rechazo. Las agencias que reservan vuelos a Cuba denunciaron que las restricciones podrían causar la pérdida de cientos de empleos vinculados al negocio, así como provocar un impacto negativo en la economía de las familias cubano americanas debido a un encarecimiento de los boletos aéreos hasta de 15%, sin contar los impuestos. Un pasaje a Cuba podría llegar a costar 700 dólares. Los demandantes también dijeron que miles de pasajeros podrían quedarse sin viajar hasta que la situación se solucione. Tessie Aral, vicepresidenta de ABC Charters, comentó que el único objetivo de la medida es acabar con el mercado de vuelos entre Florida y Cuba. "Ahora resulta que podríamos ir a la cárcel por perder una maleta. Nos acusan de hacer negocios con un país terrorista y no es así". "A mí no me cabe ninguna duda de que la ley va en contra de la reunificación familiar...El congresista Rivera presentó la medida contra países terroristas para obtener su aprobación, pero está claro que ha sido algo dirigido contra Cuba específicamente", expresó Armando García, presidente de Marazul. Por otra parte, los dueños de las agencias de viajes puntualizaron que, más allá de las exorbitantes sumas de dinero que están obligadas a poner en depósito, la ley contiene penalidades que convierten cualquier error de procedimiento en delitos de mayor cuantía. Pedro González, propietario de Cuba Promotions Company en Miami, dijo al St. Petersburg Times que "no es una ley que acabará con el comunismo en Cuba (como dicen sus autores), sino que más bien hiere a las familias cubanas y sus oportunidades de mantenerse en contacto. Es casi fascista. Crea un efecto contrario pues en el futuro, en lugar de seleccionar firmas aprobadas por el Departamento del Tesoro, los clientes deben acudir a agencias menos seguras de terceros países, como México". La ley afecta a alrededor de 110 agencias de viajes en Florida, incluyendo al menos dos compañías de ventas de pasajes de Tampa y se vaticina, aun en otros estados, que va a tener efecto en las elecciones en Florida, pues las prohibiciones de viajar al país caribeño constituyen el reto mayor de los oponentes al trío de legisladores que han motivado a Bush a dictar las restricciones. El semanario Peoples Weekly World, de Chicago, recuerda los lazos de los Díaz-Balart y la Ros-Lehtinen con el ex tirano Fulgencio Batista, en Cuba, y se refiere a encuestas de junio 18. En el distrito de Lincoln Díaz- Balart, el 61% se opone a las restricciones. En el de Mario Díaz-Balart, el 63 % también está en contra. En el distrito 17, de Broward y Miami-Dade, hay sentimientos totalmente diferentes que en el pasado: solo el 17% considera el asunto cubano como tema principal. En su comentario, Progreso Semanal agregó que las intenciones de las investigaciones y controles estatales no se harán esperar y agotarán los fondos de no pocas empresas, llevándolas al cierre con la subsiguiente paralización de las visitas familiares, ya muy limitadas gracias a las regulaciones añadidas en el 2004 por Bush. El presidente no habla de ellas públicamente, pues el repudio sería nacional. El tema va cobrando mayor relevancia, pues la Unión de Libertades Cívicas de Estados Unidos (UCLA por sus siglas en inglés) subrayó la invasión del Poder estatal (de Florida) en materia federal (de los Estados Unidos), la separación entre el Estado y el gobierno federal, como alegan los empresarios. Paradójicamente, es un atentado a la libre empresa y la economía de mercado. (PL)

Este artículo es de hace 12 años

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