Los tribunales cubanos actúan con "celeridad y severidad" contra las
personas que roben, especulen o trafiquen, aprovechándose de la penuria
y escasez dejada por los huracanes Gustav e Ike, afirmó este lunes una
alta funcionaria.
"Estamos en un escenario diferente, donde
personas inescrupulosas han pretendido aprovecharse" de las
dificultades, por lo cual los tribunales "están actuando con celeridad
y severidad", dijo la presidenta del Tribunal provincial de Las Tunas
(este), Luz Marina Hernández, al semanario Trabajadores.
Los
delitos más frecuentes castigados en Las Tunas son "hurtos, robos de
cables eléctricos y telefónicos, especulación y acaparamiento,
apropiaciones y uso indebido de recursos, actividad económica ilícita,
desórdenes públicos en centros de evacuados", dijo Hernández.
En
la central provincia Ciego de Ávila se formó "un destacamento de
respuesta rápida" por fiscales, inspectores y policías", que, por
ejemplo, detectó cientos de paquetes de detergentes y jabones
escondidos en una nevera de una tienda en divisas, informó la prensa.
La
fiscal jefa de esa provincia, Gilda Rodríguez, dijo que las principales
infracciones registradas son "la apropiación o el desvío de alimentos,
materiales de construcción y medicamentos".
El Parlamento
provincial de Ciudad de La Habana analizó "las indisciplinas sociales e
ilegalidades en el transporte público, instalaciones eléctricas y de la
telefonía, la higiene comunal, el mobiliario urbano, enfrentamiento a
buzos (buscadores en basura) y casas almacenes y talleres clandestinos".
Según
el semanario Tribuna de La Habana, los concejales "llamaron a ser
sistemáticos en el enfrentamiento, promover la formación de valores,
ser más combativos y vigilantes y sumar a toda la población a estas
acciones como fórmulas para ganar esta batalla".
Los dos
huracanes dejaron pérdidas por 5.000 millones de dólares, destruyeron o
dañaron medio millón de casas, instalaciones productivas, escuelas, así
como cultivos, lo que provocó gran demanda de alimentos y materiales de
construcción.
El Gobierno dictó un control de precios para los
alimentos, ante lo que muchos agricultores, en rechazo a la medida,
decidieron ausentarse de los mercados. Trabajadores pidió este lunes
que se les suspenda definitivamente la licencia de venta.
Fuente: AFP
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