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22/01/2009 - 8:45am (GMT-4)
Este artículo es de hace 12 años
La expectativa predomina hoy a la espera de que el flamante presidente estadounidense, Barack Obama, ordene el cierre de la cárcel instalada en la base naval de Guantánamo (Cuba) en el plazo de un año.
En su segundo día de trabajo, Obama tiene previsto firmar otras dos órdenes que prohibirían el uso de la tortura y abrirían una revisión de los procesos de detención.
El
borrador del proyecto de orden presidencial para el desmantelamiento de
la prisión dice que se trata de un paso que va "en el interés de la
seguridad nacional de Estados Unidos, además del interés de la
justicia". El documento prevé además una revisión del estatus de todos
los detenidos y una inmediata búsqueda de lugares alternativos para alojarlos o países dispuestos a recibirlos, en el caso de ser excarcelados.
La cárcel fue montada por el gobierno de Bush para alojar a los sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas, pero el centro fue rápidamente objeto de acusaciones por las abusivas tácticas de interrogatorio o torturas
y porque los sospechosos son aún retenidos sin el debido proceso ni con
derecho a un abogado. Unos 800 prisioneros fueron recluidos en la base
y muchos de ellos regresaron a sus países natales o a terceras
naciones. Actualmente hay allí 245 personas aún encarceladas.
Tras
su asunción, el martes por la noche, Obama instruyó a su secretario de
Defensa, Robert Gates, para que pidiera a los jueces militares en
Guantánamo la suspensión durante 120 días de los procesos contra los presos que permanecen en esa cárcel.
Menos
de 24 horas después de la solicitud transmitida por Gates, el coronel
Patrick Parrish suspendió, sin audiencia, el proceso contra el
ciudadano canadiense Omar Khadr, acusado por la muerte en 2002 de un
soldado estadounidense en Afganistán. Cuando fue capturado, tenía 15
años.
Por su parte, el coronel Stephen Henley suspendió
también los procesos contra cinco hombres acusados de vinculación con
los ataques terroristas en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.
En la audiencia presidida por el juez militar Henley, cuatro de
los cinco acusados (Jalid Sheik Mohamed, Ali Abd al Aziz, Walid ben
Attash y Mustafa Ajmed al Hasawi) manifestaron que se oponen a la
suspensión de sus juicios.
Fuente: El Clarin
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