Rehabilitadas viviendas en la capital cubana

Los integrantes de la Unidad Inversionista de la Vivienda en la provincia La Habana lograron terminar 410 inmuebles en 15 repartos insalubres ubicadas en los municipios capitalinos de La Lisa y San Miguel del Padrón, en el pasado año. El subdirector Manuel Reyes Vázquez precisó que a pesar de las limitaciones de recursos el programa de rehabilitación se cumplió, quedando solo pendiente, la entrega a 14 microbrigadistas fundadores de este movimiento de sus inmuebles. Aún cuando los planes de conservación no alcanzan detener el deterioro del fondo habitacional acumulado por varios años, los constructores y propietarios consiguieron transformar las condiciones precarias de algunas ciudadelas en confortables viviendas. El funcionario informó de la amplia afluencia de personas todos los días en las Unidades Municipales Inversionistas, una vez que se puso en vigor la resolución número 40 del Instituto Nacional de la Vivienda, la cual flexibilizó la adquisición de las licencias de obras y otras acciones constructivas para las personas naturales  propietarios de azoteas o de terrenos con escrituras públicas.   En el Balance de la Unidad Inversionista de la Vivienda en la provincia de La Habana (UPI) se comunicó  que los materiales de construcción comercializados en los rastros  por fondo mercantil dejaran de ser subsidiados. La decisión es financiar a determinadas personas que por su realidad económica, lo requieran. En el encuentro se evaluó la posibilidad de convertir locales administrativos que pertenecían a la antigua provincia de La Habana en viviendas, las cuales serán entregadas a  microbrigradistas, propietarios que llevan años albergados y otros necesitados. Los integrantes de la Unidad Inversionista de la Vivienda en provincia de La Habana reconocieron como deficiencias, el otorgamiento de Licencias sobredimensionadas, asignación de recursos por encima de las normas y obras terminadas, sin el principio de habitabilidad. Estas violaciones demuestran que todavía falta un mayor control de los recursos vinculados a los procesos inversionistas que se ejecutan en el sector de la construcción en cada territorio. Fuente: Radio Rebelde