Solo falta un año y medio, o tal vez menos, para que los ciudadanos de Costa Rica se puedan casar con otros de su mismo sexo.
El Tribunal Supremo de ese país ha declarado inconstitucionales los artículos que prohíben el matrimonio y la unión de hecho entre personas del igual sexo, y ha otorgado 18 meses al Congreso para que legisle al respecto.
El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que establece que “es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo”, y el artículo 242 del Código Civil, que expresa que las uniones de hecho son entre hombre y mujer, continúan vigentes.
Si el Congreso no aprueba ninguna ley, ambas normas quedarán automáticamente derogadas al término de ese período.
Según el diario digital español El Confidencial, la Asamblea Legislativa es un organismo muy conservador, incluso algunos de sus miembros pertenecen al Partido Restauración Nacional, de naturaleza evangélica, que se opone a este tipo de uniones.
La Iglesia Católica, que se opone al fallo del Supremo, afirmó que “el no querer discriminar a las personas homosexuales no autoriza al Estado a confundir el orden natural del matrimonio y la familia.
Por su parte el presidente Carlos Alvarado, una antigua estrella de rock que lleva en el cargo desde abril, ratificó el compromiso de su gobierno con la protección de los derechos humanos de todas las familias y envió este viernes al Congreso un proyecto de ley para su discusión.
La resolución ha generado polémica también en defensores del matrimonio igualitario.
Víctor Hugo Monge, vicepresidente del Movimiento Diversidad, criticó la “cobardía” de los magistrados, quienes “no quisieron asumir su responsabilidad legal” y la trasladaron al Congreso, donde no piensa que avanzará proyecto alguno.
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