Leydi Acosta Montoya, residente del reparto Flores en Santiago de Cuba, ha denunciado que su hijo de 12 años presenta problemas de conducta, además de haber sido diagnosticado con “retraso mental moderado”, y ninguna instancia estatal la ayuda para internarlo en una escuela especial, según documentó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
Esta mujer, que tiene dos hijos más y solo cuenta con el apoyo de su madre adoptiva de 85 años, asegura además que le niegan la “chequera de bienestar social” y que la trabajadora social que atiende su caso no ha resuelto ninguna ayuda hasta el momento, a pesar de que ha firmado algunos papeles.
Asimismo, Educación municipal le ha negado la inscripción del niño en una “escuela especial”.
Según su testimonio, el niño se escapa de la casa a menudo y la patrulla policial se lo ha devuelto en una semana hasta en dos ocasiones de madrugada. Ella no puede atenderlo a tiempo completo porque necesita trabajar para poder darle de comer a su familia.
"Soy un caso social y me quieren llevar a prisión", dice al recordar que la policía le ha levantado altas de advertencia en las cuales la hacen responsable por las fugas de su hijo.
Como muchas familias en Cuba, esta madre intenta sacar adelante a sus hijos en medio del abandono estatal y la ineficacia de las instituciones del país.
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