El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este lunes que buscará eliminar la garantía constitucional de ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
La llamada "ciudadanía por derecho de nacimiento" se ha considerado durante mucho tiempo protegida por la 14ª Enmienda, y garantiza la ciudadanía a todos los individuos "nacidos o naturalizados en los Estados Unidos", y su eliminación fue propuesta entre otras medidas en materia de migración que adelantó DeSantis en conferencia de prensa en Texas.
En una detallada lista de objetivos en materia de inmigración DeSantis, que también habló ante simpatizantes y periodistas en la localidad fronteriza de Eagle Pass, se comprometió a "tomar medidas para acabar con la idea de que los hijos de extranjeros ilegales tienen derecho a la ciudadanía por derecho de nacimiento si nacen en Estados Unidos".
"Ofrecer el premio de la ciudadanía a los futuros hijos de inmigrantes ilegales es uno de los principales motores de la inmigración ilegal. También es incoherente con la interpretación original de la 14ª Enmienda, y obligaremos a los tribunales y al Congreso a abordar de una vez esta política fracasada", añadió.
Según su intervención, el republicano se opone a la idea de que se puede llegar a EE.UU. a través de la frontera y tener un hijo para regularizarse.
"Esa no era la comprensión original de la 14 ª Enmienda y por lo tanto vamos a tomar medidas para obligar a una aclaración de eso", dijo a los periodistas en la conferencia de prensa.
Su pronunciamiento en el lanzamiento de la política de inmigración parecía enmarcado para dejar abierta la forma en que trataría de desafiar la política.
DeSantis presentó más de 30 propuestas políticas, incluyendo varias orientadas a la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur y otras destinadas a responsabilizar a los cárteles de la droga.
Se trata de la primera iniciativa detallada que promueve el gobernador de Florida desde el lanzamiento de su campaña presidencial y coincide en buena medida con las propuestas republicanas sobre inmigración del exmandatario Donald Trump.
En mayo, la Legislatura de Florida aprobó un controversial proyecto de ley para frenar y perseguir a los inmigrantes en situación irregular, y penalizar con sanciones de cárcel a las personas que los transporten o les brinden apoyo dentro del territorio.
La ley impide que los gobiernos locales financien organizaciones para emitir documentos de identidad a personas que se encuentran de manera ilegal en el país; invalida las licencias de conducción emitidas en otros estados y que estén en posesión de inmigrantes no autorizados; y sanciona con penas de entre cinco y 15 años de cárcel a residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que protejan, encubran o viajen en su mismo vehículo con una persona indocumentada.
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