En Florida, Estados Unidos, varios grupos de activistas presentaron una demanda contra la Ley migratoria SB1718 porque la consideran inconstitucional, xenofóbica y creen que criminaliza a los inmigrantes.
EFE indicó que entre las organizaciones que han establecido la demanda están el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.
El texto se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley porque penaliza el transporte de personas en Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos.
La demanda indica que esto es inconstitucional, pues el gobierno de Florida regula unilateralmente la inmigración federal y castiga sin previo aviso a las personas.
Señalan que la Ley migratoria SB1718 es discriminatoria y por tanto es "una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado".
Además, argumentan que es una ley dañina, creada para "infligir crueldad" a la comunidad inmigrante y socava la democracia estadounidense.
La Ley se aprobó en mayo, cuando la Cámara de Representantes estatal, con votación de 83-36 dio la bienvenida al controversial proyecto con el respaldo de la mayoría republicana.
El objetivo era claro, cerrar las puertas del estado a los inmigrantes irregulares. Prevé incluso penalizar con sanciones de cárcel a personas que transporten o brinden apoyo a inmigrantes ilegales dentro del territorio.
La demanda se presentó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien propuso eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de indocumentados.
También se presentó contra la fiscal general del estado, Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales del estado sureño.
La quinta parte de la población de Florida nació fuera de Estados Unidos. En la demanda se asegura que con esta ley es posible que muchas familias no puedan visitarse a través de las fronteras estatales, ni acudir a citas médicas o actividades escolares de los hijos.
Concluyen alertando al gobierno estadounidense que la Sección 10 de la Ley de migración SB1718 "inflige un daño enorme a la capacidad de las personas para llevar a cabo su vida diaria" en Florida.
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