Más de 200 leyes y normativas aprobadas por la Legislatura estatal y avaladas por el gobernador Ron DeSantis entraron en vigor en Florida desde este sábado 1 de julio. El paquetazo legislativo ha puesto al estado floridano, el tercero más poblado del país, en el foco de atención nacional y no precisamente con miradas alentadoras.
Se trata de una conmoción que impactará numerosas esferas del acontecer económico, social, educacional y familiar de la Florida, convertida en laboratorio de un conservadurismo a ultranza que pudiera generar consecuencias nefastas para el funcionamiento institucional, el ejercicio de las libertades cívicas y la convivencia pública en el territorio.
Las leyes van desde el derecho de los ciudadanos a portar armas sin necesidad de declararlo y el uso de baños públicos solo según el sexo de nacimiento hasta la prohibición para la compra de propiedades en “zonas congeladas” del estado para ciudadanos de ciertos países, con una limitación innecesaria para Cuba que en realidad terminará afectando a los cubanos residentes en terceros países, porque hace 62 años el embargo impide transacciones financieras a los radicados en la isla.
Pero la principal pieza de controversia es la llamada Ley de Inmigración de Florida (SB1718), la propuesta más severa en restricciones y sanciones contra los indocumentados que se haya impuesto en la nación americana en más de dos décadas.
El listado de cláusulas restrictivas es tan amplio como peligroso para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado y –como era de esperar- apenas horas después de su activación, poderosas organizaciones han anunciado que la impugnarán con una demanda en los tribunales federales por su carácter inconstitucional.
La demanda estará liderada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council, a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida.
Mientras, cientos de personas están en las calles este fin de semana en Tallahassee, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale, Jacksonville y Miami para protestar contra la legislación.
Estampida en marcha
¿A quiénes afecta esta legislación? ¿Solo es una cartilla de persecución contra inmigrantes indocumentados o tiene consecuencias para otros ciudadanos legalmente establecidos en el estado? ¿Tiene implicaciones para los cubanos recién llegados que optan por vivir en Florida?
Basta con una revisión simple del documento para percatarnos que esta ley puede salpicarnos a todos de alguna manera y las consecuencias se verán más rápidamente de lo que pensamos.
Por lo pronto, desde hace semanas cientos de familias y trabajadores agrícolas y de la construcción están en estampida del estado por miedo a las regulaciones anunciadas, y la cadena de tropiezos para el desenvolvimiento económico y productivo en el acontecer cotidiano va a golpear por igual a los bolsillos y al sentido común.
Los negocios que cuenten con más de 25 empleados estarán obligados a cumplir con el sistema federal E-Verify, que determina los individuos que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Aquellos empleadores que no lo hagan se enfrentan a diversas sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia como empleador.
Se prohibirá a las entidades gubernamentales estatales y locales hacer negocios con empresas que transporten a "extranjeros no autorizados" a Florida, a menos que sean trasladados para facilitar la "detención, expulsión o salida de la persona de este estado o de Estados Unidos". De manera que aerolíneas, empresas de ómnibus y contratistas independientes pueden continuar trasladando a inmigrantes indocumentados dentro del estado a nombre del gobierno federal, pero podrían arriesgarse a perder un contrato estatal o local.
La movilidad de los inmigrantes indocumentados por sus propios medios también se verá afectada, pues no podrán usar licencias emitidas en otros estados si van a conducir en Florida y, si no pueden demostrar que el permiso lo obtuvieron con estatus legal en otro estado, tendrán prohibido operar vehículos aquí.
Actualmente, 19 estados y el Distrito de Columbia tienen normativas que permiten emitir licencias de conducción a indocumentados, pero los funcionarios al mando de DeSantis no los reconocerán.
Antes del primer abrazo
Los residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que protejan, encubran o viajen en su mismo vehículo con una persona indocumentada, podrán ser acusados por una felonía de tercer grado y encarar penas de entre cinco y 15 años de cárcel. De modo que, si algún familiar o conocido lo llama para decirle que ingresó al estado por vías irregulares, por mar o por tierra, y no se ha registrado con las autoridades, pues piénselo dos veces antes de darle el primer abrazo.
Y, casi nada: los hospitales con pacientes inscritos en el programa Medicaid tendrán que incluir una pregunta sobre estatus migratorio en los formularios de ingreso, y realizar reportes trimestrales al Departamento de Salud de Florida con detalles de la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos de urgencia o que fueron ingresados.
Se calcula que unos 770 inmigrantes indocumentados residen en Florida, considerados en esta categoría a aquellas personas que no tuvieron ningún tipo de registro o admisión al entrar a Estados Unidos. En el caso de los inmigrantes cubanos que arribaron por la frontera sur o tocaron tierra por los Cayos de Florida y recibieron un documento, sea I-220A, I-220B o parole, no serían objeto de esta legislación. Pero sí cuenta otro grupo de cubanos, que oscilan entre 8,000 o 10,000 personas, que estarían en el estado sin haberse registrado al arribar al país, y permanecen en limbo total.
Con estos ingredientes compulsivos para la cacería de indocumentados, se entenderá el estado de pánico que la legislación ha desatado en las comunidades de inmigrantes, así como la prudente contención que empleadores y ciudadanos en general están reflejando ante un panorama completamente inédito.
La batalla apenas entreabre las compuertas, pero el efecto de la sola promulgación de la ley está haciéndose sentir en sectores como el trabajo agrícola, la mano de obra en la construcción, los servicios en cafeterías y restaurantes, los negocios de mudadas y todo el panorama de operaciones donde la fuerza de los inmigrantes es decisiva.
Lo ha expresado claramente la abogada Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del American Immigration Council: “La ley antiinmigrante de Florida perpetúa estereotipos dañinos y fomenta una ambiente de miedo y hostilidad. Esta legislación equivocada no solo se dirige a los inmigrantes y sus familias, sino que también pone en peligro el tejido de las comunidades de Florida, así como la economía del estado”.
Pleitos y prohibiciones
No puede obviarse el contexto de tensiones políticas y litigios legales en el que transcurre la implementación de la Ley de Inmigración de Florida y el resto del andamiaje de normativas impulsadas por una Legislatura estatal en la que sus miembros cubanoamericanos han entregado mayoritariamente su voto a propuestas draconianas, olvidando sus propios orígenes.
Florida es también escenario de pleitos enconados, al estilo del enyerbado caso DeSantis vs Disney; vuelos forzosos de inmigrantes bajo cuestionable legalidad; prohibiciones absurdas de libros que incluyen obras de luminarias literarias como Toni Morrison y Margaret Atwood, y biografías sobre el astro beisbolero Roberto Clemente, la cantante cubana Celia Cruz y la jueza Sonia Sotomayor, y ridículos antológicos como la expulsión de la maestra Hope Carrasquilla de una escuela de Tallahassee por mostrar a sus alumnos la célebre escultura del David de Miguel Angel en una clase de arte renacentista.
En el trasfondo de estos exabruptos y desvaríos legales están las aspiraciones presidenciales de DeSantis, decidido a ganarse el respaldo de una franja de votantes afiliados al conservadurismo de extremas y que dicen defender libertades y derechos mientras suprimen las voces de la pluralidad y el legítimo ejercicio de la diferencia.
La Ley de Inmigración y los demás estatutos que pueden ya aplicarse desde el amanecer de este sábado en Florida enfrentan ahora su verdadera prueba fuera de los salones de Tallahassee: la realidad pura y dura en cada comunidad.
Pronto sabremos si servirán para hacer funcionar mejor al promisorio Estado del Sol y favorecer la vida de sus residentes, que es la premisa del bienestar y la concordia ciudadana, o prolongar los problemas cotidianos que siguen quedando en la jurisdicción de nadie.
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