El régimen cubano a través de su órgano oficial de divulgación y propaganda, el periódico Granma, recordó este jueves a los cubanos, las consecuencias a las que se enfrentan si deciden “irrespetar a los funcionarios públicos”.
Un escrito publicado en el mencionado diario, titulado: “Protección ante el irrespeto a los funcionarios públicos, la autoridad, sus agentes o auxiliares”, vio la luz sin un contexto específico, o por lo menos explicado en el trabajo de la periodista, lo que hace presumir de un encargo basado en la intimidación a los ciudadanos cubanos, para que como dice el refrán: “el desconocimiento de la ley no los va a eximir de delitos”.
En el texto, la periodista se auxilia de varios artículos de la Constitución cubana en los que se regula el comportamiento de la ciudadanía ante los funcionarios públicos, donde lo más claro que existe, es la discreción con que las autoridades de la isla pueden interpretar el concepto de irrespeto.
Pero lo más interesante, resulta en el vínculo que hace la periodista con la Ley No. 151 de 2022, Ley del Código Penal, un instrumento que legitima aún más la represión del régimen en contra de opositores, periodistas, medios independientes y la sociedad civil de la isla, pero además para acallar las voces opositoras que se levanten desde cualquier lugar del país.
Según Granma, los funcionarios públicos, a los que define en un gran concepto que además de extenso tiene muchas interpretaciones, enfrentan en el ejercicio de sus funciones “amenazas, calumnias, ultrajes u ofensas contra su dignidad y decoro; en otros casos, se les opone resistencia o llevan implícitas situaciones de violencia, intimidación, para impedirles realizar un acto propio de sus funciones”.
Cada una de estas acciones, y otras que describen, tienen consecuencias que van desde multas hasta años en prisión, según la consideración de la gravedad del acto o el interés de los encargados de “ejercer” la ley.
Las preguntas detrás de ese texto en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba parten del objetivo que perseguían al hacer la publicación, para nada claro, al estar carente de ejemplos, de los muchos que existen sobre las arbitrariedades del régimen en contra de sus opositores, en nombre de cualquier molestia.
El pasado año, el cubano Leandro Pupo Garcés, de 35 años, fue acusado a cuatro años de privación de libertad por el supuesto delito de “"ofender y desacreditar" al Ministerio del Interior (MININT) en Facebook.
“El Tribunal Municipal Popular de Banes, en Holguín, le solicitó cuatro años de privación de libertad por afectar “la moral y prestigio” del MININT por una “publicación que fue vista por oficiales de la Seguridad del Estado del municipio de Banes, quienes lo tenían controlado por su actuar y realizaron la denuncia de los hechos”, según consta en la causa judicial mostrada por el propio Pupo en redes sociales.
Hace unos días, el periodista independiente cubano José Luis “Tan” Estrada fue multado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) por sus “likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones, memes compartidos” en redes sociales y que la entidad, de conjunto con la Seguridad del Estado, consideraron que iban contra los dirigentes cubanos.
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