La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este domingo el nuevo Código Penal que legitima aún más la represión del régimen contra opositores, periodistas y medios independientes y la sociedad civil de la isla.
“@AsambleaCuba aprueba nueva Ley del Código Penal, un documento necesario e insustituible para la nación, atemperado a la realidad de #Cuba y en consonancia con los más modernos del mundo”, informa este domingo al cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba.
También en otro mensaje refieren que el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, explicó que en la nueva Ley de Ejecución Penal de la isla “se reúnen en un mismo cuerpo legal todas las normativas existentes hasta el momento asociado al tema”.
El nuevo Código Penal cubano, que entrará en vigor dentro de 90 días cuando se publique en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos como el de desórdenes públicos para penalizar "las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente".
También en el mismo se contemplaron sanciones de hasta tres años de privación de libertad para quienes insulten a altos funcionarios públicos, además de prohibir el financiamiento externo de los medios y periodistas independientes, apunta este domingo el portal oficialista Cubadebate.
Remigio Ferro al presentar el proyecto de ley a los diputados cubanos aseguró que el Código Penal va a reforzar las sanciones relacionadas con la corrupción.
Asimismo, explicó que también establece como sanción máxima la de privación perpetua de libertad y que mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte con carácter excepcional en el caso 23 tipos penales.
El nuevo Código Penal incluyó claramente sanciones de hasta 10 años de prisión a quien "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
A diferencia del Código de las Familias, que luego de su aprobación en la Asamblea Nacional se sometió a referéndum, esta nueva Ley no pasará por el mismo proceso, uno de los puntos que ha sido cuestionado por opositores cubanos y miembros de la sociedad civil de la isla, entre otros asuntos que refuerzan y legitiman la represión del régimen contra opositores, medios independientes y la sociedad civil de la isla.
La versión 26 del proyecto de Código Penal, que se aprobó este domingo, incorpora nuevas sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar, hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad.
En la nueva Ley se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y servicios en beneficios de la comunidad y se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad cumplidos, con múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18 años.
Según el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, esta disposición normativa conforma, en conjunto con la Ley No. 143, Del Proceso Penal, aprobada en la sesión del 28 de octubre de 2021, la máxima expresión normativa del derecho penal en el país.
A finales de marzo, la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba calificó de inconstitucional el anteproyecto de Código Penal cubano, y exigió un plazo mayor de consulta popular para mejorarlo.
El colectivo, integrado por especialistas en temas de género y activistas feministas, aseguró que esa propuesta es anticonstitucional, ya que estigmatiza y criminaliza a amplios segmentos de la población cubana.
Tras analizar el documento, la organización concluyó que tiene más aspectos negativos que positivos por su alto grado de criminalización y la ambigüedad de sus definiciones.
Entre los primeros menciona que se mantiene la sanción de pena de muerte, y que criminaliza libertades fundamentales, en especial libertades políticas, de expresión, prensa y asociación. También constriñe libertades económicas.
Según Yo Sí..., el nuevo Código Penal mantiene incongruencias con el proyecto de Código de las Familias y otras nuevas leyes, pero sobre todo con la Constitución.
Detalla que todos los delitos contra la seguridad interior del estado, contra los funcionarios públicos y agentes de la autoridad, así como los relacionados con asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, están redactados de forma que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía.
"No hay garantías constitucionales y cualquier conducta puede tipificarse como un delito contra la seguridad del estado. Son una aberración legal", recalcó la plataforma.
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