El presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó este martes su orgullo por los juristas habaneros involucrados en los procesos contra los manifestantes de julio de 2021, que recientemente declararon estar dispuestos a "cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.
"Orgulloso de los juristas de Cuba: fiscales, abogados y jueces. Contra el honrado ejercicio de sus respectivas profesiones, se estrellarán todas las cobardes campañas de descrédito de los enemigos de la Revolución Cubana", aseguró en Twitter Díaz-Canel, quien dio "la orden de combate" en televisión nacional, durante las protestas del 11 de julio, para que sus seguidores arremetieran contra quienes exigían el fin de su gobierno.
El pasado domingo, la Junta Directiva Provincial de la Unión de Juristas de Cuba en La Habana difundió una declaración de juristas, durante una asamblea de balance, en respuesta a una campaña promovida por activistas, principalmente en redes sociales, para identificar como represores a fiscales y jueves que participan en el encarcelamiento y condena de presos políticos del 11J.
Sin embargo, para la organización oficialista, dichas denuncias son "calumnias" que buscan desacreditar a "esos profesionales". Además, se les acusa del delito de prevaricación, definido en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley No. 62 del Código Penal de Cuba.
“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, sostuvo Osmín Álvarez Bencomo, el presidente de la Junta Directiva Provincial, en lectura de la declaración.
Uno de los momentos más impactantes del documento fue cuando Álvarez Bencomo dijo que “por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.
Para la artista visual y activista Salomé García, una de las coordinadoras de Justicia 11J, "exponer a los victimarios, nombrarlos, ponerles rostro, es contribuir a que no se perpetúe la impunidad".
"Las personas se redimen pagando reparaciones por los daños ocasionados a sus víctimas, y esto puede ser en forma de cárcel, pero también de perdón, y de garantizar que no van a seguir violentando. En estos casos, le corresponderá a una comisión de verdad y justicia en un futuro determinar esto, con la participación de las víctimas", argumentó en un post en Facebook la semana pasada.
"Estos jueces y fiscales han cometido delitos con el amparo y el apoyo de un Estado. Y los han cometido sistemáticamente, porque los nombres de los jueces que participaron en los juicios de manifestantes del 11J están en un buen número de Habeas Corpus denegados en favor de activistas detenidos arbitrariamente y desaparecidos forzosamente, y en un buen número de sentencias a otros presos políticos", agregó.
Hasta el momento, los registros de Justicia 11J revelan que más de 1,440 personas fueron detenidas por participar en el estallido social de julio de 2021, y más de 700 continúan en privación de libertad. Las condenas en muchos casos superan los 15 años de privación de libertad.
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