Comienza el juicio contra el acusado de asesinar a una cubana vinculada a un empresario santiagués

El acusado de asesinar a dos jóvenes en 2005 en Càlig (Castellón), para el que el fiscal pide cincuenta años de prisión, negó ayer ante el tribunal que le juzga cualquier relación con este hecho y ha dicho que las dos colillas con su ADN que se encontraron en el lugar del crimen las colocó «alguien» para inculparle. El juicio contra E.P.R., el único acusado por los hechos, se celebra desde ayer y con jurado popular en la Audiencia Provincial de Castellón. Según el escrito de acusación del fiscal, E.P.R. se dirigió al domicilio de Yalennis Valero, una cubana de 25 años que vivió y trabajó en Bertamiráns, en la madrugada del 12 de junio de 2005 con la finalidad de matarla, «con un plan previamente concertado y en conjunción con otras personas no identificadas, tras haber sido contratados por personas desconocidas y actuar por móviles económicos». En relación con este suceso fue investigado un empresario compostelano que mantuvo una relación sentimental con la víctima, aunque no se hallaron pruebas de su implicación. El ministerio público sostiene que el acusado y sus acompañantes accedieron a la vivienda tras forzar una de sus ventanas y permanecieron en ella hasta la llegada de sus víctimas. Los hechos Sobre las 6.00 horas, la chica y un joven de 23 años amigo suyo acudieron a la vivienda, donde fueron sorprendidos por el acusado y los que le acompañaban. Los agresores golpearon violentamente al chico y, posteriormente, ambos jóvenes fueron atados de pies y manos entre todos los agresores con una cuerda de tender que se hallaba en la propia casa y, una vez inmovilizados, sin posibilidad alguna de defensa y con ánimo de acabar con sus vidas, les dispararon con un arma de fuego en la cabeza, lo que les provocó la muerte. El acusado negó cualquier relación con estos hechos y ha admitido haber efectuado dos ingresos bancarios en una sucursal de Caixa Galicia, el primero de 2.000 euros, dos días después del crimen, y el segundo, de 6.000 euros, el 11 de julio del 2005. E.P.R. fue interrogado por la Guardia Civil en julio de 2006 y se sometió de forma voluntaria a una prueba de ADN, pero un día y medio después huyó a la República Checa por «miedo» a que le implicasen en el suceso debido a sus antecedentes penales, según declaró ayer. Fuente: La Voz de Galicia