La naturalización de 95 cubanos, viciada

En los papeles notarizados hay datos que no concuerdan con la realidad. Existen direcciones domiciliarias que no corresponden. La naturalización de 95 ciudadanos cubanos en Guayaquil tuvo un denominador común: el uso de información fraudulenta. Se pudo constatar que en la documentación notarizada, entregada a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Litoral, entre enero y febrero pasados, hay direcciones domiciliarias que no corresponden, otras están incompletas y hasta se repiten los testimonios de quienes actuaron como testigos.   También hay escritos con más de un número de pasaporte. Incongruencias entre los datos que registran  los movimientos migratorios y los presentados en las declaraciones juramentadas, en las uniones de hecho, en las informaciones sumarias... La investigación sigue La Fiscalía considera clave la presencia de Mónica S.H. en la investigación del caso Aguiñaga. Ella era asesora jurídica de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Litoral y quien revisaba la documentación. Ahora está fuera del país.    Dos peritos revisan las computadoras que fueron incautados a las notarías 37 y 21 en los allanamientos. Criminalística hará lo mismo con los libros de esas dependencias. Buscan comparar sus contenidos con las evidencias encontradas. El juicio se tramita en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales del Guayas. Los abogados defensores pedirán la nulidad. La Policía de Migración  no tiene datos  actualizados de ingresos y salidas de extranjeros. Uno de esos casos es el de Alayn O. F., un cubano que en su declaración juramentada indicó que residía, por más de un mes, en la ciudadela La Garzota, Mz. 57, villa 3, en el norte de Guayaquil, y  que su número telefónico era 2243975.  En esa vivienda no conocen al extranjero. En los registros de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones,  esa línea  telefónica es de  Paola G. D. y está en la novena etapa de La Alborada, en el  norte. En sus registros migratorios hay dos números de pasaporte: B705217 y 1727179671. Su primera visita a Ecuador fue el 1 de enero de este año, según  la Dirección Nacional de Migración. Pero, en su unión de hecho levantada en la Notaría Vigésima Primera de Guayaquil, Alayn O. F. detalló que llevaba dos años conviviendo con Martha M. G. El cubano Jorge Alberto P. Ch. registró en la Notaría Trigésimo Séptima del Puerto Principal que su domicilio permanente estaba situado en la villa 18, Mz. B5, de la ciudadela Los Esteros, en el  sur de Guayaquil. Igual declaró Roberto S. L., en la misma notaría guayaquileña. Él dijo que residía en la Mz. B3, villa 14, de esa urbanización. Esas direcciones no existen. Allí, las manzanas están asignadas con la letra A1-A2,  A3... Hay direcciones incompletas como la de Liskenia L. A. Ella declaró que su domicilio está en Quito y 9 de Octubre, en el centro. Pero no especificó el  número del inmueble ni proporcionó un lugar como referencia. Nombres de testigos como el de Inés P. R. y otros se repiten, más de una vez, en las informaciones sumarias que los extranjeros utilizaron para notarizar sus uniones de hecho. Muchos de los testigos no viven en Guayaquil. Son de Quito, Quevedo... algunos incluso son cubanos. La primera alerta sobre estas anomalías salió de Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, que los denunció luego a la Fiscalía.  Ambas entidades, en sus argumentos, sostienen que el ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Xavier Aguiñaga,  quien estuvo preso y luego fue liberado, habría  otorgado a los extranjeros la ciudadanía ecuatoriana, por naturalización. Pero no tomó en cuenta estas inconsistencias en los documentos notarizados. No se objetó ningún papel, como señala el artículo 22 de la Ley de Extranjería, cuando hay sospecha de anomalías. La norma establece que los funcionarios del Servicio Exterior y de la Dirección General de Extranjería tendrán facultades para exigir la comprobación de los datos. “La presunción de ilegalidad de los instrumentos públicos que establece la Constitución me harían prevaricar”, justificó Aguiñaga. Dijo  que solo verificaban que los escritos tuvieran las firmas de los peticionarios de los trámites y de los notarios, que  fueran legales, que no tuviesen    enmendaduras y que no fueran de dudosa procedencia. Marcos Díaz, notario vigésimo  primero de Guayaquil, dice que ellos tampoco investigan si la información  entregada es verídica. El trámite era muy breve: tomaba entre 7 y 14 días y no los  80 días que establece   la Cancillería,  para obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización.   La Secretaría de Transparencia de Gestión señala que hubo negligencia de Aguiñaga,  al no verificar la documentación. Mónica Rivera, fiscal de la Unidad de Delitos Migratorios, también cree lo mismo. Por ello investiga las 1 564 naturalizaciones a cubanos, que se otorgaron entre julio del 2009 y marzo del 2010, en Guayaquil. Todas fueron firmadas por Aguiñaga durante su gestión, entre el 4 de febrero del 2009 y el 27 de febrero pasado. “El trabajo de ellos era receptar y verificar los documentos...”, expresó  Rivera.  La Fiscalía indaga los trámites de naturalización realizados en Guayaquil por colombianos, norteamericanos, entre otros. Fuente: El Comercio.com