Pagan extranjeros su cuota de sangre

Este artículo es de hace 9 años
En el sexenio del presidente Felipe Calderón han sido asesinados en México cientos de extranjeros. Los crímenes, ligados a la delincuencia organizada por las autoridades, han sido esclarecidos o sometidos a proceso judicial sobre todo cuando los gobiernos y embajadas correspondientes han exigido la detención de los agresores, como ocurrió con los homicidios en Ciudad Juárez de empleados del consulado de Estados Unidos, cometidos en marzo de 2010, y con la matanza de 72 migrantes indocumentados en Tamaulipas, verificada el 25 de agosto del mismo año. Conforme el presidente Felipe Calderón insiste en mantener su guerra contra el narcotráfico, los grupos articulados en la delincuencia organizada incrementaron su grado de violencia, que de diciembre de 2006 a la fecha ha cobrado más de 34 mil asesinatos, incluyendo los de extranjeros provenientes de Estados Unidos, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Brasil, Canadá, Alemania, Finlandia, China, Austria, Israel y España, entre otros países. Ciudad Juárez, Tamaulipas, Cancún, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, han sido escenario de ejecuciones de extranjeros, que sólo en el 2010 ocasionaron que el gobierno de Estados Unidos emitiera cuatro exhortos en los que recomienda a sus ciudadanos abstenerse de visitar Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas: “Es imperativo (…) que entiendan los riesgos que hay de viajar a México”, argumentó. También recomendó el regreso de sus estudiantes inscritos en programas de intercambio académico, y a ese llamado se sumaron los gobiernos de Bélgica, Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, El Salvador, Honduras y España, país éste que el 13 de enero de 2011 emitió la última alerta al respecto. Aunque la mayoría de los crímenes cometidos en México contra extranjeros han sido contra migrantes, empleados diplomáticos, activistas de derechos humanos y comerciantes, varios de los ejecutados eran miembros del crimen organizado que venían de otras naciones. Sin embargo, cuando la presión internacional ha sido fuerte, como en el caso de los empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y en el de los 72 migrantes centroamericanos, las autoridades mexicanas se han movido pronto y han tenido algunos resultados. El 13 de marzo de 2010, tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez fueron asesinadas en dicha ciudad cuando, en compañía de sus hijos, se dirigían a sus domicilios de El Paso, Texas, después de asistir a una fiesta infantil. Al parecer, como desenlace de amenazas que días antes había recibido el consulado estadunidense por parte del cártel de Juárez, Lesley Enríquez, empleada del consulado estadunidense, y su esposo, Arthur Haycock Redelfs --alguacil de la cárcel de El Paso, Texas--, así como Jorge Salcido Ceniceros, marido de Hilda Antillano –empleada del consulado--, fueron acribillados en dos vehículos por un comando armado que viajaba en una Suburban a unos metros del cruce fronterizo. En la parte trasera del auto de la pareja sobrevivió un bebé de siete meses de edad. Días antes de estos asesinatos, el martes 9 de marzo, la sede diplomática estadunidense había sufrido una amenaza: El cónsul Raymond McGrath reportó a la Operación Coordinada Chihuahua (Occh) la posibilidad de que estallara un “artefacto explosivo” en el consulado. Tres días más tarde, el viernes 12, el cónsul emitió un comunicado interno que hizo circular entre sus empleados con la advertencia de que El Reco Bar estaba “fuera de nuestros límites” debido a las “preocupaciones de seguridad”, por lo que instaba a los ciudadanos estadunidenses a no visitarlo hasta nuevo aviso. El domingo 14 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó los homicidios y señaló que colaboraría con México para llevar ante la justicia a los criminales. A su vez, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunció que la seguridad del país y la del personal consular y de sus familias en México seguirá siendo la más alta prioridad para el gobierno estadunidense. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer también que desde el sábado 13 –horas antes del triple asesinato– había autorizado la salida de México de las familias de los empleados de las sedes diplomáticas que laboran en Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros, por la preocupación generada ante la situación de inseguridad que se vivía en dichas comunidades. Sin embargo, la circular no alcanzó a llegar a los empleados consulares. Pues bien, en este caso la Procuraduría de Justicia de Chihuahua detuvo a un grupo de integrantes de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, como presuntos responsables de los asesinatos. Por lo que se refiere a la masacre de 72 indocumentados (58 hombres y 14 mujeres), descubierta el 25 de agosto de 2010 luego de que uno de ellos, herido, la notificó a un puesto de mando de la Armada de México, integrantes de ésta realizaron una movilización aérea y terrestre que culminó en un enfrentamiento con sicarios donde fallecieron un efectivo y dos agresores. El hallazgo de los cuerpos de los migrantes centro y sudamericanos provocó un escándalo internacional y exhibió la inoperancia de las autoridades frente a las bandas criminales que han hecho del secuestro de indocumentados un próspero negocio. Igual que en el caso del asesinato de los empleados consulares, la ejecución de los 72 migrantes en Tamaulipas provocó la condena de los países agraviados: Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil. En este caso, la comunidad internacional también manifestó su repudio y calificó de “abominable” la matanza. En este caso hubo igualmente resultados. El 8 de septiembre, el gobierno federal dio a conocer la detención de siete personas relacionadas con Los Zetas bajo la acusación de estar implicadas en la matanza de los 72 migrantes. Por su parte, los gobiernos extranjeros no sólo reprobaron el ataque, sino que han participado en la persecución y detención de los presuntos responsables: El 3 de diciembre de 2010 el gobierno salvadoreño informó de la detención de dos ciudadanos de ese país, a quienes identificó como Los Coyotes, ligados con la masacre. Los cuerpos de 61 indocumentados han sido repatriados mientras otros 11 permanecen sin identificar en el Semefo. La noche del 6 de noviembre de 2010, los hermanos Tonny, Enrique y Richard Córdova Ávila, de origen peruano, fueron acribillados en el bar La Isla de Zapopan, en Jalisco, por 10 hombres fuertemente armados que irrumpieron en el negocio, atacaron y huyeron en dos camionetas. Fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado indicaron que ese triple homicidio está ligado con un ajuste de cuentas por la presunta pérdida de mercancía de un narco de la zona, y que cuatro meses antes el padre de ellos, Francisco o Alfonso Córdova Pérez, desapareció en el trayecto de un viaje de Michoacán a Cancún. Entre 2007 y 2009, el progenitor de los Córdova, también de origen peruano, estuvo detenido por fraude y robo en la modalidad de paquero (los que hacen pacas con papel periódico recortado y un billete encima). De acuerdo con el procurador general de Justicia de Jalisco (PGJ), Tomás Coronado Olmos, los tres hermanos se dedicaban a lo mismo. Autoridades jaliscienses agregaron que los hermanos Córdova vinieron a México a visitar a su madre, Delia Ávila Flores, quien está presa acusada de robo en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal. Sus cuerpos fueron reclamados por Francisca Estefanía, una hermana que reside en San Juan de Miraflores, en Lima, Perú. La investigación a cargo de la fiscalía estatal aún no da con los responsables. El 11 de junio de 2007, en Mérida, Yucatán, fue acribillado a las puertas de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) el cubano Manuel Duarte Díaz, quien era buscado por la DEA y el FBI como peligroso criminal. Duarte, quien radicaba en Cancún y estaba vinculado con la mafia cubano-estadunidense, acudió a la dependencia federal a realizar trámites migratorios bajo una falsa identidad: Norsoy Yeo Mayer. Fue abatido por cinco impactos de cuatro pistoleros que aún no han sido identificados. En julio de 2007 se encontró el cadáver del cubano-estadunidense Luis Lázaro Lara Morejón, quien días antes fue levantado en la zona hotelera de Cancún junto con la empresaria yucateca María Elena Castillo Sáenz. El cuerpo de ella apareció días después en una fosa clandestina junto con los de otros dos hombres. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo relacionaron a Lara Morejón con la mafia cubana. Dos meses después, el 24 de septiembre, el cubano Maximiliano Reyna Molas fue ejecutado en el estacionamiento del mercado de artesanías Coral Negro, también en plena zona hotelera de Cancún. El 12 de diciembre del mismo año, su hermano Juan Carlos Reyna Molas fue acribillado por un comando con un fusil AK-47. Sobrevivió a pesar de que una de las balas le atravesó el cráneo, y fue trasladado a Boston para su atención médica. La madrugada del 21 de marzo de 2008 un comando asesinó en la Plaza China Town, en Cancún, a otro cubano: Humberto Febles Santana, uno de los principales operadores de la mafia cubano-estadunidense en la región. Este hombre, quien vivía en Cancún con documentos mexicanos falsos, se identificaba como Fernando Valdez Hernández y era buscado por el FBI. El 2 de abril de 2008 fue asesinado el cubano Luis Peña Betancourt por un comando en Playa del Carmen cuando salía de su domicilio. Estaba vinculado a una banda internacional de robo de autos. El 26 de noviembre de 2008, en San Juan de la Vega, municipio de Celaya, Guanajuato, perdió la vida el estadunidense Paul Anrew Wetegrove, presuntamente integrante de la delincuencia local, a manos de un grupo de hombres que llegaron en una camioneta y rafaguearon el vehículo donde se trasladaba. Posteriormente, el 15 de octubre de 2009, se ejecutó al cubano Alliusky Pérez Pacheco a las puertas del hotel Progreso de Cancún. Pertenecía a una banda de asaltantes que operaba en la región. Un crimen de migrantes que está pendiente de resolver es el ocurrido el 9 de agosto de 2010 a dos hondureños, Kenia Carolina Gálea Gómez y José Antonio Calderón Orellana. Conforme al testimonio de Elkin Donaldo Padilla, hondureño sobreviviente del ataque, sus compañeros fueron asesinados en Buenavista Apasco, municipio de Macuspana, Tabasco, cuando, a las 23:00 horas, mientras se hallaban descansando sobre las vías del tren, tres hombres vestidos de negro los atacaron con garrotes y tubos para despojarlos de sus pertenencias. A Kenia le bajaron el pantalón, la violaron y luego la pusieron sobre la vía del ferrocarril, donde le molieron la cabeza a tubazos. A José Antonio lo amarraron y lo mataron a garrotazos y tubazos. El cuerpo de Calderón Orellana, identificado con una credencial de Honduras, no fue reclamado y permanece en una fosa común de Villahermosa, informó el agente del MP, José Luis Rodríguez Valdés. También ha habido asesinatos en los que están involucrados militares: El 22 de agosto de 2010, elementos de la policía del estado de Guerrero encontraron el cuerpo del estadunidense Joseph F. Esteven Proctor, quien fue asesinado a balazos en el interior de su vehículo, localizado sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo. En un principio, su muerte se atribuyó a un enfrentamiento con militares, a quienes habría disparado al intentar huir de un retén, pero el pasado 27 de diciembre la Sedena aceptó que la declaración de los militares fue falsa y que para cubrir el homicidio del estadunidense le plantaron un rifle AR-15. La madrugada del 15 de septiembre de 2010 la policía detuvo a un grupo de sicarios, encabezados por el texano Alejandro Faz Domínguez, cuando organizaban un atentado contra los asistentes a la ceremonia del Grito de Independencia en la explanada del Palacio Municipal de Cancún. Ellos planeaban aprovechar la confusión que ocasionaría el ataque para que, de manera simultánea, otro comando liberara a narcotraficantes presos en la cárcel de Cancún. El 24 de ese mes el texano apareció muerto en su celda. Su cadáver fue colgado para simular un suicidio. Sin embargo, la Procuraduría del estado determinó que fue homicidio. Se han registrado igualmente crímenes contra turistas cuyas investigaciones no han sido concluidas por las autoridades. De acuerdo con la revista digital Expediente Quintana Roo, en los últimos cuatro años en dicha entidad han sido asesinados seis turistas y dos residentes extranjeros: la alemana Carolin Brust, el chino Zhaojun Zhu Liu, el austriaco Alfred Bogner Weiss, la escocesa Julia Howard, la brasileña Mónica Burgos, el matrimonio canadiense Domenic y Nancy Ianiero, la israelí Danna Rishpy y el ciudadano estadunidense Alan Carbone Gerard. Respecto a este último caso, hubo detenciones y aún se sigue el proceso jurídico. Uno de los casos más sonados ha sido el asesinato del finlandés Tyri Antero Jaakkola, integrante de la Caravana Civil Internacional, de ayuda humanitaria, que se dirigía a San Juan Copala, Oaxaca, cuando él y sus acompañantes fueron atacados a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priista Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Pero este asesinato sigue impune. En el mismo estado de Oaxaca, apenas el 16 de enero de 2011, fue privado de la vida el empresario español Ángel Domínguez Herrero cuando llegaba a su domicilio particular a bordo de su camioneta BMW. Aunque hay un detenido, el gobierno oaxaqueño no había dado a conocer su presunta responsabilidad en el homicidio hasta el cierre de la presente edición. Fuente: Diario.com.mx

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