Investigación de un accidente fatal en Florida, Camagüey, descubre múltiples ilegalidades y corrupciones

Este artículo es de hace 8 años
Tras la ocurrencia el pasado 11 de enero de un accidente de tránsito en el municipio agramontino de Florida, que causó la muerte de seis personas y otras 33 resultaron lesionadas, las autoridades comenzaron de inmediato las pesquisas para dilucidar las causas y determinar la responsabilidad de los implicados. El significativo desgaste del sistema de dirección, unido a las adaptaciones realizadas, convirtieron al ómnibus en un peligro potencial en la vía. Pero este hecho develó, de modo casi fortuito, una extensa lista de violaciones y delitos que evidencian fisuras administrativas. La fragilidad de los mecanismos de control y la actitud pasiva o indiferente de funcionarios encargados de custodiar los recursos del Estado conllevaron, invariablemente, a la corrupción. De ahí el rigor con que trabajan la Fiscalía General de la República y los Ministerios del Interior y del Transporte en las provincias de Camagüey, Guantánamo, Granma, Sancti Spíritus, Matanzas, Cienfuegos y La Habana para establecer la magnitud de las transgresiones cometidas, así como los involucrados directos y colaterales en dos cadenas delictivas. Según las investigaciones, el chofer del camión Pegaso, al perder el control del vehículo, provocó el desbalance del remolque cargado con un contenedor sin fondo y en mal estado, el cual obstruyó la ruta contraria y colisionó con una guagua llena de pasajeros, adscrita, falsamente, a la Empresa de Ómnibus Urbanos de la capital. Esta maniobra indebida vino a cerrar la amplia estela de irregularidades relacionadas con ambos medios de transporte y la mercancía que el primero trasladaba. Unas 25 mil botellas de cristal vacías de vino y ron conformaban el cargamento ilícito con destino a Guantánamo. De ellas fueron ocupadas más de 15 mil, pues el resto se rompió durante el accidente. Además, se transportaban 515 kilogramos de cobre contenidos en cables de diversos usos y 147 de bronce, distribuidos en aditamentos para líneas de conducción eléctrica, robados a entidades estatales. El dueño de la carga también viajaba en el camión y resultó ser un trabajador por cuenta propia de Matanzas, quien adquirió en noviembre del 2010 su licencia como recolector-vendedor de materias primas. De acuerdo con sus declaraciones, las botellas provenían de un vertedero (cantidad considerable para ser obtenida de ese modo) ubicado en el poblado de Santa Marta, Cárdenas, donde varias instalaciones turísticas las arrojaban como desechos. De allí varias personas las recuperaban y las vendían ya limpias al cuentapropista. En virtud de la Ley 1288 de 1975, "los organismos y demás dependencias del Estado están obligados a recolectar los desechos de materias primas, productos y materiales reutilizables que no son aprovechados por los mismos en los procesos de producción o de servicios". Y enfatiza el artículo seis del Reglamento —dictado con posterioridad a la Ley—, que "no se podrán incinerar, destruir, enterrar o conducir al vertedero, los desechos de materias primas, productos y materiales reutilizables...". De hecho, el MINTUR establece en Varadero la realización de contratos por hoteles con la Empresa de Materias Primas para el acopio de todos los desechos generados. En concordancia con eso, dicha entidad debe recogerlos periódicamente y trasladarlos hacia sus almacenes. A juzgar por los sucesos, nada de ello fue cumplido. Es cierto que las tarifas de pago para envases de vino y licores varios difieren entre el sector particular y el estatal. Mientras las empresas apenas obtienen diez pesos por el millar de botellas sin clasificar, la población recibe dos centavos por la de vino y 2,50 pesos por la de ron. Para colmo, los establecimientos de Materias Primas de Matanzas no compran envases de vino a los particulares. Esta política de precios equívoca y que incita al fraude fue aprovechada por el sujeto, quien encontró en las casas de compra de Guantánamo mejores ofertas. Las botellas de vino eran aceptadas por la cuantía establecida para las de ron. Así, con el consentimiento del jefe de producción de la Empresa de Materias Primas en esa provincia oriental y de algunas trabajadoras que percibían entre 100 y 200 pesos por cada operación, realizó, entre los días 5 de octubre, 3 y 27 de noviembre del 2011, la venta de 66 mil 755 botellas en cinco casas de compra, por un valor superior a 166 mil 800 pesos. No obstante, con las pesquisas afloraron otras infracciones entre las cuales resaltan el traslado de productos hacia los almacenes sin documento que lo acreditara y el registro incorrecto o falseado de los datos del vendedor. El individuo acudía a los establecimientos guantanameros portando los carnés de identidad de otras personas y comercializaba las botellas a nombre de estas, sin que ellas concurrieran al lugar. También incluía en sus vales a otros clientes que efectuaban ventas menores. Cabe entonces cuestionarse la efectividad y sistematicidad de la supervisión integral a esas entidades. ¿Cómo lograban justificar el dinero invertido en una mercancía falsa? La podrida intención de lucrar con los bienes del Estado dinamitó estas estructuras y corrompió a cuantos participaron. Además, los manejos fraudulentos eran lo suficientemente solventes, pues solo el alquiler del vehículo para el traslado de la carga costaba 10 mil pesos. Justo aquí se cruza otra retorcida ruta hacia la ilegalidad. Fraudes que encubren fraudes Aunque el dinero correspondiera a una actividad económica lícita, el chofer del camión Pegaso, perteneciente a la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Bernardo Arias, de la provincia de Sancti Spíritus, ya había quebrantado lo dispuesto, al prestar servicios a un particular sin que ello formara parte de su objeto social. No obstante, otras faltas emergieron después del accidente. El camión, registrado con un motor marca Pegaso en la circulación a nombre de la CCS, posee uno Fiat, y el número de la pegatina del certificado de revisión técnica automotor no se corresponde con el existente en los papeles consignados. ¿Podría alguien negar los irrefutables indicios de una falsificación de documentos? También las ilegalidades en torno al remolque empleado por el camionero enjuician al Centro de Revisión Automotor del territorio espirituano. Este pertenecía a un particular —quien lo construyó y utilizaba como carreta— y, pese a su procedencia, fue inscrito con la documentación original de otro perteneciente a la Empresa de Transporte Automotor del extinto Ministerio del Azúcar, el cual fue dado de baja desde el 2006. Paradójicamente, su revisión técnica tiene fecha 13 de enero del 2012, apenas dos días después del accidente. Demasiadas negligencias en una misma entidad. De cualquier forma, los directivos de la CCS en cuestión aseguran que no sabían sobre el arriendo del remolque, aunque sí aceptan haber autorizado al camión para trasladar la materia prima de Varadero a Guantánamo. Por casualidad también desconocerían que la licencia operativa de dicho vehículo venció hace más de un año. ¿Quién chequea el parque automotor? Pasando gato por liebre Tampoco el ómnibus accidentado, en manos de un particular de forma ilegal, estaba apto para circular. El significativo desgaste del sistema de dirección, unido a las adaptaciones realizadas, lo convirtieron en un peligro potencial en la vía, según certificaron la Comisión del MITRANS y el peritaje técnico mecánico del laboratorio de criminalística. Y para mayor incongruencia, pese a sus desperfectos técnicos, fue aprobado por el Centro de Diagnóstico (somatón) en diciembre del 2011, "sin detectar" los inspectores que se trataba de una guagua Pegaso en lugar de una Scania como indicaban las planillas. Quizás no existe el mismo rigor todos los días. Resaltemos que fue inspeccionada un martes y no un sábado como corresponde a los medios de transporte público. Este dictamen falso, más allá de burlar el control, permitió que el vehículo continuara realizando viajes clandestinos de Niquero a La Habana, poniendo en riesgo la vida de cuantas personas trasladaba. Agencia entre bambalinas La fiscalía provincial de Granma investigó al conductor del ómnibus, fallecido en el accidente, y conoció que durante el 2011 y hasta enero del 2012 realizó, en horario nocturno, alrededor de diez viajes entre Niquero y La Habana. En cada ocasión (siempre martes) recogía a los pasajeros en lugares distintos a la Terminal de Ómnibus y cobraba 150 pesos por la travesía. El organizador de los recorridos en el territorio granmense, sujeto de pésima conducta social, obtenía 10 pesos por cada persona que viajaba; además se encargaba, en varias oportunidades, de comprar el combustible. Para la última salida adquirió, de manos del responsable municipal de la Empresa de Recuperación de Materias Primas, 100 litros de diesel por un valor de 500 pesos. Al parecer, desviar los recursos de la entidad que administraba formaba parte de las obligaciones de este director. El tanque del ómnibus también fue abastecido en más de cuatro ocasiones, a razón de 200 litros cada vez, con el petróleo que le vendía el jefe de brigada de atención a los productores de la Unidad Empresarial de Base Cosecha de Niquero, perteneciente a la Empresa Azucarera Granma. Por cada operación percibía mil pesos. Es evidente que nadie fiscalizaba allí el destino de los insumos. Sucesos de esta índole, repetidos en escenarios disímiles, conforman retorcidas cadenas de ilegalidades que carcomen cualquier principio, y socavan el desarrollo coherente de nuestra sociedad. Arrancarlas de cuajo es el propósito del Estado y el Gobierno, y para ello, como se ha alertado, dentro del marco de la Ley, serán implacables. Fuente: Granma

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