El presidente cubano ordenó revisar todos los expedientes de los nuevos propietarios de casas adquiridas en compra-venta dentro de su entorno habitacional, informó el columnista Juan Juan Almeida en MartíNoticias.
De acuerdo con un artículo de Martí Noticias, redactado por el hijo de uno de los más activos comandantes de la Revolución, a petición de Raúl Castro la Fiscalía cubana decomisó 20 casas y dos restaurantes privados “que arrendaban majestuosos locales a la empresa estatal Palco, a razón de 3.000 CUC mensuales”.
La acción de la Fiscalía produjo una tormenta local y, para calmar la presión, un enviado especial de Samuel Rodiles, general de división que hoy preside el Instituto de Planificación Física, y Alberto Miguel Gómez, director de Bufetes Colectivos de La Habana, designaron a una abogada para defender el caso.
Según Almeida, a la abogada –cuyo nombre no se dio a conocer- se le pidió una defensa para “tapar la letra” pero la reconocida letrada aceptó el caso alegando: "Esto es un anti-proceso que no compete a la Fiscalía, es algo administrativo, civil, no hay ilegalidad ni delito. Lo que se está haciendo es injusto; hoy existe una ley de la vivienda que permite la compra-venta de casas y propiedades”.
La Fiscalía, por su parte, asegura que los dueños reales no son cubanos; que en las escrituras de las viviendas figuran naturales cubanos testaferros de italianos, rusos, chinos o españoles.
Pero la jurista sostiene que la confiscación no da lugar, adelanta que exigirá devolución de propiedades más una compensación a los afectados; además, repite con disimulada ironía "si a Raúl Castro no le gustan los nuevos vecinos; que se mude o cambie la ley", relata el columnista.
En el año 2011, el Decreto Ley número 288/2011 marcó un cambio radical en Cuba al derogar las principales limitaciones en materia del derecho a la propiedad personal.
Aunque un cambio siempre es bien recibido, para Almeida la isla continúa teniendo un derecho civil atrofiado; “una colosal ausencia de concordancia entre realidad registral y catastro; unas zonas declaradas especiales o de alta significación por "Seguridad Nacional" que sólo responden a la cercanía de lugares frecuentes, ya sean casas o rutas de Fidel y Raúl; y un Registro de la Propiedad completamente separado de la realidad que sí, ha sido algo transformado, pero no para cumplir sus funciones sino para complacer las exigencias del Gobierno en su manipulado afán de ofrecer una visión positiva ante la inversión extranjera”.
Como afirma el columnista, en este caso específico los nuevos inversionistas cubanos perdieron credibilidad en el sistema; compraron o arrendaron de acuerdo a la ley y hoy están al punto del desahucio.
Las viviendas confiscadas fueron todas debidamente registradas; el acto de compra-venta fue legal y se pagaron, como corresponde, los impuestos de cada venta. Formalmente fueron negocios jurídicos que se hicieron respetando las nuevas reglas impuestas por el Estado. “¿Dónde está la ilegalidad?”, se pregunta.
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