Según reporta Martí Noticias, un representante en Cuba de Odebrecht, el conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción que se ocupa de la modernización del Puerto del Mariel, ha manifestado recientemente que no considera que las “compañías empleadoras estatales” supongan un obstáculo para contratar a cubanos y ejecutar de manera exitosa sus negocios en la Isla.
Odebrecht fue clave en la modernización del Puerto del Mariel y participa en la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional José Martí. Tiene, además, un contrato de administración de un central azucarero en la provincia de Cienfuegos.
Resulta sorprendente un criterio que defiende un mecanismo que sin embargo ha sido muy criticado por otros inversores y que hasta ha impedido que más inversionistas extranjeros entren al país. A día de hoy, Cuba ―acostumbrada a mantener un control estricto de su mano de obra― no permite la libre contratación de personal cubano, pese al reclamo reiterado de los inversores que se quejan de esa falta en la libertad de elección.
Sin embargo, Mauro Augusto Hueb, representante de Odebrecht en Cuba, declaró al diario Juventud Rebelde que para ellos
“la empresa empleadora nunca fue un obstáculo, su intervención resultó viable, beneficiosa, económica y eficiente”.
Hueb incluso opina que ve ventajas en ese mecanismo intermediario que ejerce el Estado Cubano a la hora de seleccionar al personal. Según ha comentado, a los colegas inversores de otros países le narra su “experiencia en la ejecución de la terminal de contenedores del Mariel”, trabajo por donde pasaron unos seis mil cubanos.
Pese a las críticas que le han llovido desde otras direcciones, lo cierto es que Cuba incluyó las polémicas bolsas empleadoras en su nueva ley de Inversión Extranjera, ley con la que espera atraer a inversores para reflotar la economía cubana, y según la cual, las empresas de empleo negocian con la entidad extranjera el monto de los salarios de los trabajadores cubanos, así como algunos pagos adicionales que por ley correspondan.
La empresa empleadora cobra hasta el 20 % del salario de cada cargo por sus servicios. Las negociaciones entre los funcionarios cubanos y la empresa se producen en pesos convertibles, y es el Gobierno quien paga a los trabajadores, pero la clave del asunto es que una parte la paga en moneda nacional y otra en divisa.
El empleador extranjero, por su parte, entrega al trabajador cubano una cantidad de dinero que es considerada una “regalía”, es decir, un estímulo extra por sus servicios. Luego los subempleados cubanos deben pagar trimestralmente un impuesto a la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) por recibir ese dinero extra de parte del Inversor extranjero.
Las entidades empleadoras cobran adicionalmente a las empresas extranjeras los importes correspondientes a la Contribución para la Seguridad Social por trabajador, sobre la base de lo pactado en CUC.
La verdad es que visto desde afuera parece un proceso complicado, más allá de lo bien que le pueda parecer a Odebrecht, a la que tan bien le va que ya está pensando solicitar otro permiso en el Mariel para intervenir como inversionista en el montaje y explotación de una planta productora de envases y embalajes plásticos.
No es de extrañar que muchos cubanos que trabajan en estos términos, acaben recelando de “costarle” al inversor extranjero mucho más de lo que luego su salario como trabajador expresa, y no obstante, hay que tener en cuenta que esos cubanos forman parte de la lista de afortunados que cada mes ve entrar en su bolsillo moneda convertible. No todos los trabajadores en la Isla pueden decir lo mismo.
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