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¿Qué conclusiones derivaron de las inspecciones a paladares de La Habana?

El pasado 24 de octubre se reanudó la concesión de licencia a nuevas paladares en La Habana, que había quedado interrumpida el 16 de septiembre.

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Foto © Cubatourism

Este artículo es de hace 7 años

Como hemos precisado recientemente, el pasado 24 de octubre se reanudó la concesión de licencia a nuevas paladares en La Habana, que había quedado interrumpida el 16 de septiembre, para dar paso a una etapa de inspección y control estatal.

El diario Granma ha publicado un extenso reportaje hoy en donde se afirma que han visitado algunos restaurantes privados de la capital, “para intercambiar sobre la experiencia” y sobre aquello que preocupa a los cuentapropistas.

La Fontana, Atelier o La California son algunas de esas paladares reconocidas por su alta cocina y por atravesar un período de franco éxito.

El Pellizco ―localizado en el municipio Guanabacoa― fue uno de los 32 restaurantes de trabajadores por cuenta propia que fueron inspeccionados durante el mes de octubre por el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana, con el propósito de verificar su adecuado funcionamiento.

El recorrido incluyó también El Farallón y Sarao, de Plaza; La Guarida, en Centro Habana; Perla Negra, perteneciente a 10 de Octubre y el Chanchullero en La Habana Vieja, sitios, casi todos, emblemáticos dentro de la vida nocturna capitalina.

La Habana posee un grupo de atención al trabajo por cuenta propia (TCP), cuya misión es velar por el control y regular todo lo referido a esa forma de gestión, en la cual hay más de 152 000 trabajadores en la capital, en 201 actividades aprobadas.

Ese grupo de atención fue el que se ocupó de organizar las reuniones con los propietarios de los negocios escogidos para ser inspeccionados, y las posteriores acciones de control, que incluyeron la suspensión temporal de la entrega de la licencia de elaborador vendedor de alimentos y bebidas, que en un principio generó mucha polémica, porque se creyó que era definitiva.

Sin embargo, desde el pasado 24 de octubre ya se han otorgado 22 nuevos permisos, cifra que viene a sumarse a los 502 restaurantes que ya existen en La Habana.

Entre los aspectos que más fueron tratados en las reuniones estuvo “la hora de cierre (3:00 a.m.), el procedimiento para la contratación de artistas y trabajadores, el parqueo de los autos, el ruido, la adquisición de mercancías ilícitas, el contrabando y el delito de receptación”.

Según explica hoy Granma “también se les llamó la atención sobre la responsabilidad de evitar que sus establecimientos se convirtieran en escenarios para el expendio de drogas, el proxenetismo y la prostitución, así como la inversión de capital de dudosa procedencia, por el riesgo de incurrir en el lavado de dinero”.

Fueron advertidos “sobre los incumplimientos de las regulaciones urbanísticas, los trámites falsos en la compraventa de viviendas, la importación de mercancías con fines comerciales, y, respecto al alcance de las actividades para las que les fue otorgada la licencia. Y no se pasó por alto el pago de los tributos y el delito de evasión fiscal”.

Entiéndase que les fue “leída la cartilla”, como se dice popularmente en la Isla, una advertencia que dio paso a las acciones concretas dirigidas al control de los aspectos mencionados.

Según el citado medio de prensa “de modo general, los resultados fueron positivos”, aunque si se detectó que hasta ese momento el 80 % de los propietarios no tenían contratos escritos con sus empleados.

Directivos de la Dirección Provincial de Trabajo (DPT) han insistido en que “tener un contrato” es importante, con el fin de proteger los derechos de quienes se acogen a esa fuente de empleo.

Hay que tener en cuenta que en La Habana solamente ya suman alrededor de 37 000 trabajadores contratados.

Isabel Hamze Ruiz, por su parte, ha insistido en que “es preciso seguir trabajando en los temas relacionados con la licitud de las materias primas, ante la falta de un mercado mayorista. El saldo del proceso ha sido favorable. Tenía una intención profiláctica y creemos que se cumplió. La credibilidad ahora está en hacerlo sistemático”.

El dueño de La California, reconoció que “el control es necesario porque sin esas acciones no hay país que se desarrolle”, pero también llamó la atención respecto al momento del día escogido para llevarlo a cabo, tema sobre el cual se quejaron varios propietarios.

En ese sentido, Isabel Hamze explicó que se escogieron “las noches, porque se correspondían con el horario más activo. No obstante, se trató de no molestar a los clientes ni paralizar el servicio”.

Otro de los comentarios repetidos fue el relativo al límite de sillas. Por tal motivo fueron multados El Pellizco, Atelier y La California.

La ausencia del mercado mayorista y el desabastecimiento de la red de comercio mi­norista fue la insatisfacción más debatida.

Todos pusieron énfasis en cómo esa situación repercute directamente en la calidad y variedad del servicio y en los precios elevados de sus ofertas.

En palabras de Hamze Ruiz, “la situación con el mercado mayorista no es un problema de voluntad, y es sabido que la red minorista a la que acudimos todos está deprimida. Se han hecho esfuerzos para proveer las tiendas de algunos surtidos en formatos industriales, pero eso resulta insuficiente”.

Los propietarios siguen insistiendo en la posibilidad de vincularse a las entidades importadoras del país para adquirir insumos.

Sin embargo, la Vicepresidente del Consejo de Administración Provincial manifestó que la vinculación de las formas de gestión no estatal con las empresas importadoras es algo que se estudia, pero que de momento no ha sido posible.

Según datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al cierre de septiembre ejercían el trabajo por cuenta propia en todo el país 522 855 personas. Y de esa cifra, 58 993 se dedicaban a la elaboración y venta de alimentos.

Otra de las quejas de los propietarios es que consideran insuficiente o nula la asesoría que se le brinda a los cuentapropistas en cuanto a los temas tributarios y financieros, así como las contradicciones entre los organismos que llevan a cabo los controles.

También solicitaron saber más sobre el dinero que aportan al Presupuesto de sus municipios y sobre si las licencias contemplan o no el servicio de bar.

Isabel Hamze refirió que, en la licencia, desde su nombre, se reconoce la existencia del bar. Sin embargo, su­brayó que "no tienen relación alguna con los servicios de bar, excepto que no pueden tener bebidas importadas que no se comercialicen en nuestro país. Allí puede venderse cualquier tipo de trago, vinos; pero el bar no puede convertirse en una discoteca. Para eso no existen licencias hoy, y algunos distorsionan ese alcance. Tampoco se trata de que el restaurante sea absolutamente un bar, porque eso no está contemplado".

Se habla, se intercambia, y todavía habrá que hacerlo mucho más entre las diversas instancias del cuentapropismo en Cuba, de ello depende el crecimiento de un flamante sector que está aportando, y mucho, a la economía cubana.

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Judith Moris

Redactora en CiberCuba. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Habana, y Máster por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesora en la UH e investigadora en la UAB, y redactora/editora de la editorial Teide


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Judith Moris

Redactora en CiberCuba. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Habana, y Máster por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesora en la UH e investigadora en la UAB, y redactora/editora de la editorial Teide