Hace apenas unas horas, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Cuba hicieron pública una declaración conjunta en la que aparecen distribuidos en seis puntos, los aspectos fundamentales que regirán la relación entre ambos países, de ahora en adelante, en política migratoria.
Especialmente importantes resultan el quinto y sexto puntos, que precisan lo relativo a la política de "devolución" de cubanos, y que transcribimos a continuación:
5. La República de Cuba aceptará que personas incluidas en la lista de 2746 que serían devueltas, según el Comunicado Conjunto de fecha 14 de diciembre de 1984, sean sustituidas por otras personas y devueltas a Cuba, siempre que sean ciudadanos cubanos que hubiesen salido hacia los Estados Unidos de América por el puerto de Mariel en 1980 y hubiesen sido detectados por las autoridades competentes de los Estados Unidos cuando trataban de entrar o permanecer irregularmente en ese país, violando las leyes de EE.UU. Ambas partes se pondrán de acuerdo sobre la lista específica de estas personas y el procedimiento para su devolución.
6. La República de Cuba considerará y decidirá caso por caso la devolución de otros ciudadanos cubanos que están actualmente en los Estados Unidos y antes de la firma de esta Declaración Conjunta habían sido detectados por las autoridades competentes de los Estados Unidos cuando trataban de entrar o permanecer irregularmente en ese país, violando las leyes de EE.UU. Las autoridades competentes de los Estados Unidos se enfocarán en las personas a quienes dichas autoridades competentes han determinado como prioridad para devolución.
Los 2746 excluibles a los que se alude, que están en cárceles, algunas de alta seguridad desde 1984, cuestan a los contribuyentes norteamericanos una media de 80 millones de dólares al año (30.000 dólares por prisionero), según datos publicado en "Law Dictionary: What is the Average Cost to House Inmates in Prison".
Incluso esos 30.000 dólares suponen un cálculo a la baja, pues la cifra puede elevarse hasta los 60.000 dólares, en el caso de prisioneros que se encuentran en cárceles de máxima seguridad.
No obstante, partiendo de un cálculo "a la baja", la citada cifra supone un gasto de más de 2.500 millones de dólares, en los 32 años transcurridos desde 1984. Ese es un dinero que EE.UU. ha invertido en presos cubanos, y que obviamente se ahorrará a partir de ahora.
Estas cifras sirven para explicar por qué, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en diciembre de 2014, el tema de las devoluciones de presos fue puesto insistentemente sobre la mesa de negociaciones por parte de la representación estadounidense.
¿Por qué el punto 5 alude a la "sustitución" de presos en la lista de 2746 excluibles de 1984?
La respuesta es muy simple, el listado original de 1984 casi no se puede aplicar, porque de esos 2746 cubanos "ya fueron deportados 2.022 individuos, 246 han muerto y solo 478 cubanos quedan pendientes de ser enviados a la Isla". De ahí la sustitución por otros encarcelados vinculados a El Mariel, es decir:
"siempre que sean ciudadanos cubanos que hubiesen salido hacia los Estados Unidos de América por el puerto de Mariel en 1980 y hubiesen sido detectados por las autoridades competentes de los Estados Unidos cuando trataban de entrar o permanecer irregularmente en ese país, violando las leyes de EE.UU".
Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), citados por Telemundo 51, EE.UU. envió a Cuba 717 nacionales cubanos, con orden final de deportación, durante las administraciones de George W. Bush (416 cubanos devueltos) y Barack Obama (301).
Sin embargo, EE.UU. mantiene como prioridad la devolución a la Isla de unos 35.500 convictos por delitos graves ante la justicia estadounidense. La mayor parte son personas que cometieron delitos en fechas posteriores al acuerdo de 1984.
En los años recientes, se ha incrementado el número de cubanos convictos: sentenciados por tráfico humano, fraude al Medicare, narcotráfico y robo de tarjetas de crédito, entre otras causas.
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