Nueva ley en Venezuela: hasta 20 años de cárcel por promover el odio

Los venezolanos tendrán seis horas para borrar los mensajes de odio de las redes sociales o pueden ir a prisión.

Venezuela Foto © Nicolás Maduro / Twitter

Este artículo es de hace 3 años

CARACAS, 8 nov (Reuters) - Venezuela ha aprobado este miércoles una ley que castigará los delitos de odio con hasta 20 años de cárcel, según recoge La Nación de Argentina. La norma, que ha sacado adelante la Asamblea Constituyente prohíbe los mensajes de odio difundidos por partidos políticos, medios de comunicación o redes sociales.

En países como España, el Código Penal contempla desde 2015 delitos de odio para ofensas antisemitas, homófobas, ideológicas, racistas o xenófobas o contra personas discapacitadas. El año pasado fueron denunciados 1.272 casos.

La oposición en Venezuela teme que la norma sea una nueva vía para criminalizar las críticas al presidente Nicolás Maduro, al ser interpretada y ejecutada por organismos gubernamentales.

El mandatario, por su parte, sostiene que la norma es necesaria para evitar nuevas olas de protestas violentas como las que pedían su renuncia y sacudieron al país entre abril y julio de este año, dejando unos 125 muertos.

"(La ley) es para cualquier tipo de organización que pretenda fundarse sobre la discriminación, sobre el odio, sobre los mensajes de guerra", dijo la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

"Para las redes sociales también hay regulaciones muy específicas. Está prohibida la promoción, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia en un lapso de seis horas. Si no, van a ser sujeto de sanciones", agregó.

Desde 2013, una decena de alcaldes opositores ha sido encarcelada acusados de promover o permitir protestas callejeras contra Maduro, quien sostiene que la oposición quiere derrocarlo por la vía de un golpe de Estado. Adversarios de Maduro y grupos de derechos humanos sostiene que hay unos 350 políticos y activistas detenidos por crímenes de conciencia.

El ente regulador de las telecomunicaciones aumentó la presión sobre los canales de televisión privados a principios de este año para reducir el despliegue informativo en medio de la última ola de protestas antigubernamentales, y anunció que regularía con más eficacia los medios electrónicos.

La semana pasada el máximo órgano judicial del país resolvió revocar la inmunidad parlamentaria del vicepresidente del Congreso, el diputado opositor Freddy Guevara -quien ingresó el fin de semana a la residencia del embajador de Chile, buscando protección- acusado de agitar las calles durante las protestas. Estados Unidos condenó la falta de respeto del régimen de Maduro por la democracia.

Reporte de Eyanir Chinea y Andreina Aponte; editado por Hernán García.

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