Las hermanas Anairis y Adairis Miranda Leyva, activistas residentes en la provincia de Holguín, se niegan a que sus hijos asistan a la escuela debido a los maltratos verbales y físicos que estos han padecido por parte de padres y maestros.
Según reveló el portal DIARIO DE CUBA, las mujeres presentaron una reclamación ante la fiscalía municipal del territorio, en la cual refieren que los pequeños han sufrido "ataques políticos" y "actos de repudio", situación que ambas describen como "insostenible" y con "peligro para sus vidas y las de los niños".
Como respuesta, la fiscalía municipal amenazó a las opositoras con sancionarlas penalmente si mantenían la prohibición a los niños.
La fiscal municipal Susana Elena Ricardo Proenza y la fiscal jefa, Nereyda Figueredo Ricardo, citan el Código Penal, el cual en su artículo 315, apartados 1 y 3, establece penas de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas, al “que induzca a un menor de edad a faltar a la escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al sistema nacional de educación o a incumplir sus deberes relaciones con el respeto y amor a la patria”.
Aunque reconoce una situación particular con los niños tras una discusión entre condiscípulos, el documento emitido por la Fiscalía se refiere a formas "descompuestas" con que la familia de activistas manejó el suceso.
También alega que se investigaron los hechos y que "no se comprobó que los niños hayan sido maltratados de forma física, o que se realicen en la escuela actos de repudio, ataques políticos" y añade que "incluso no asisten a los matutinos".
El documento cita además el artículo 85 del Código de Familia, el cual regula la obligación de los padres de “atender la educación de sus hijos, inculcarles el amor al estudio, cuidar de su asistencia al centro educacional… inculcarles el amor a la patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, las normas de convivencia y de la moral socialista...”
Anairis y Adairis Miranda Leyva, por su parte, reafirmaron su decisión de no llevar a sus hijos a la escuela, a pesar de las consecuencias. "Estamos cansados de los golpes, agresiones y ofensas", dijeron.
Ambas activistas, al igual que su hermano Fidel Batista Leyva, son conocidos por las autoridades cubanas. Este año han protagonizado dos huelgas de hambre.
Con anterioridad habían sido arrestados el 27 de noviembre de 2016, dos días después de la muerte de Fidel Castro, y condenados a un año de prisión acusados de "difamación de héroes y mártires y desorden público" durante los funerales del ex presidente.
A finales de marzo, durante la primera huelga de hambre de los hermanos, Amnistía Internacional los declaró "prisioneros de conciencia" y exigió su liberación "inmediata e incondicional".
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