Un representante republicano ante la Cámara del estado de la Florida, Daniel Anthony Pérez, ha presentado en esa instancia un proyecto de ley para que su Departamento de Oportunidades Económicas costee un estudio sobre “las iniciativas comerciales de la Florida en una Cuba libre”.
Según El Nuevo Herald, la propuesta señala que el estudio, para el que se contrataría a expertos de alta cualificación, serviría a los intereses de los desempleados y de las personas en desventaja económica residentes en el estado. El análisis de las oportunidades de exportación que brindaría “una Cuba libre” sería un “servicio directo” a este sector de la población.
“Los beneficios para los floridanos son exponenciales”, aseguró el legislador, que el pasado año recibió ataques durante la campaña electoral por hacerse fotos con su novia en La Habana. “Este estudio preparará a la Florida para estar a la vanguardia de las oportunidades comerciales con una Cuba libre (una Cuba que respeta los derechos humanos, ofrece elecciones abiertas y tiene un gobierno democrático), en el momento en que ocurra”.
Un desglose de la dotación económica de la ley permite observar que unos $120.000 del presupuesto de la investigación irían directamente a pagar el salario del director del estudio, Jaime Suchlicki, quien dirigió por varias décadas el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos (ICCAS) en la Universidad de Miami (UM). Ahora ha fundado el Instituto de Estudios Cubanos como una organización sin fines de lucro, que ya ha recibido varias donaciones privadas (entre ellas, de la compañía Bacardí).
Asimismo, otros $90.000 pagarían los honorarios de Pedro Roig, exempleado de ICCAS y director ejecutivo de la nueva institución. Unos $15.000 se irían en pago de viajes y otras gestiones, y $25.000 más se dedicarían a pagar consultorías.
Sobre el hipotético impacto que tendría el nuevo proyecto de investigación en el bienestar de los desempleados del estado, el representante Pérez no ofreció respuestas, a pesar de que la condición que presenta el Departamento de Oportunidades Económicas para destinar fondos a proyectos concretos, es saber cómo estos beneficiarán concretamente a los ciudadanos que están fuera del mercado laboral.
Por su parte, Suchlicki, que durante su período en el ICCAS dirigió el proyecto “Cuba en Transición” y publicó varios análisis sobre ese tema, ha asegurado que el estudio será útil “para preparar al estado y alertar a los congresistas sobre el futuro de Cuba y su impacto en la Florida”.
La UM anunció la salida de Suchlicki en el verano pasado, bajo el argumento de que este se jubilaba. El investigador, sin embargo, aseguró al diario floridano que le habían ordenado cerrar el instituto, y que él había renunciado. El centro de altos estudios informó que ese no era el plan, y nombró a Andy Gómez como director interino del ICCAS.
Tras estos movimientos, el presidente de UM, Julio Frenk, salió al paso de la polémica creada y prometió varias organizaciones de exiliados cubanos que la universidad no firmaría convenios con universidades de la Isla. Además, debió conversar con varios docentes de la Universidad, preocupados porque sus programas de colaboración con Cuba se malograran. El presidente afirmó que dichas colaboraciones, al no depender de acuerdos al más alto nivel, no sufrirían modificación alguna.
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