Durante la última quincena de este mes de febrero el régimen ha intensificado la represión contra organizaciones y miembros de la sociedad civil independiente en la Isla.
Las sedes de la Asociación Jurídica Cubana, dirigida por Wilfredo Vallin, y de Corriente Martiana que dirige Moisés Leonardo Rodríguez fueron objeto de un registro por parte de los órganos de la Seguridad del Estado. En ambos casos fueron incautados todos los medios de trabajo de estas organizaciones y el dinero en efectivo que encontraron. Tras el registro ambos dirigentes están siendo acusados de “enriquecimiento ilícito” y “clandestinidad de impresos”.
El objetivo fundamental de estos actos represivos es descabezar dichas organizaciones y robarles, bajo un manto legal, los recursos con los que desempañan sus funciones y tratar de que dejen de su trabajar.
En los últimos dos años ocurrieron hechos similares contra la organización Cubalex y el Centro de Estudios Convivencia. Cubalex fue sometido a un registro y se les incautaron los medios de trabajo, personales y los expedientes que obraban en su poder. La sede de Convivencias fue confiscada tras un amañado proceso judicial y uno de sus directivos fue sancionado a tres años de prisión domiciliaria.
Durante este mes de febrero al menos catorce miembros de la Sociedad Civil independiente han sido regulados o se les ha impedido viajar fuera del país para participar en Foros Internacionales o eventos con ONG u organizaciones de la Sociedad Civil de otros países. Estos son: Argentina, Costa Rica, Estados Unidos y Colombia.
Más de 20 miembros de organizaciones de la Sociedad Civil han sido citados o visitados en sus casas para interrogarlos y amenazarlos para que desistan de su labor.
En la terminal 3 del aeropuerto internacional José Martí los han sometido a largos y amenazadores registros y también a interrogatorios y cuestionamientos de sus actividades.
El pasado fin de semana les fue impedida la salida del país a Jacqueline Madrazo Luna, miembro del CIR, Dora Leonor Mesa Crespo, directora de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Enseñanza Infantil, Kirenia Yalit Núñez, miembro de la mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y José Ernesto Morales, de la Corriente Agramontina. Todos debían participar en una Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a celebrarse entre los días 26 de febrero y el 2 de marzo en Bogotá, Colombia. Lo que motivó que fuera suspendida la mencionada Audiencia.
El objetivo de todas estas regulaciones, visitas y amenazas contra miembros de la sociedad civil cubana es impedir que sus voces sean escuchadas en la arena internacional. Tratan de que no se empañe la falsa imagen que han vendido a muchos países. Creada por el infinito y desmedido apoyo internacional que han brindado en primer lugar a los pueblos de América Latina. Ayuda que se ha hecho a expensas del sacrificio y las carencias que padece el pueblo cubano.
Tal parece que el Gobierno sabe que en el llamado al combate de ideas, lanzado por ellos hace varios años, llevan las de perder y recurren a violaciones de la propia Constitución del país y de los derechos fundamentales del ser humano. Por lo que arremeten contra todos aquellos que de manera organizada confrontan al régimen en cualquiera de sus facetas.
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