En el centro, el goberandor de la Florida, Rick Scott, saluda a una ciudadana. | Foto © Rick Scott / Twitter
En el centro, el goberandor de la Florida, Rick Scott, saluda a una ciudadana. | Foto © Rick Scott / Twitter

El gobernador de la Florida decidirá en las próximas semanas su futuro político

El gobernador de la Florida, Rick Scott, se verá obligado a dejar su cargo antes de tiempo si aspira a conseguir una silla en el Senado. La decisión no la ha tomado aún, pero un cambio en las leyes estatales aprobado este mes le permitiría aguantarse hasta los comicios de noviembre, según publica la CBS. El pasado fin de semana, el gobernador aseguró que en los próximos días decidirá su futuro político.

El problema está en que el Congreso se reúne, por imperativo constitucional, el 3 de enero, pero Scott no termina su mandato hasta la siguiente semana.

Hace dos años, en la conferencia anual de la Asociación de Gobernadores Republicanos, celebrada en Orlando (Florida), Scott manifestó su intención de aspirar a la silla del senador demócrata Bill Nelson.

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Scott fue reelecto en 2014 y éste es su segundo mandato. La ley no le permite aspirar a una tercera legislatura en el Gobierno de la Florida.

En todo caso, se irá después de haber aprobado una importante ley que no sólo eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar un arma en Florida sino que además fija una plazo de tres días para cerrar la compra. Asimismo garantiza un presupuesto de 400 millones para invertir en seguridad escolar y salud mental. También da a la Policía la potestad para pedir a un juez que retire un arma a una persona que sea agresiva o tenga antencedentes peligrosos.

Aprobada definitivamente el pasado viernes, la nueva ley de control de armas de Rick Scott ha sido inmediatamente recurrida por la Asociación Nacional del Rifle, que considera que ésta vulnera la Segunda Enmienda.

Enemigo declarado del Gobierno de Cuba, Scott tachó este domingo de "farsa" las elecciones en la Isla.

Hay que recordar que en agosto pasado el Gobierno de la Florida decretó la prohibición de que el estado haga negocios con  grupos que apoyen "la diabólica dictadura de Venezuela". De igual forma, en octubre de 2017 prometió que sancionaría a empresas que comercien con Cuba.

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