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El exmilitar cubano acusado de homicidio habría robado droga a la víctima

El cubano mató con una pistola a la víctima porque, según su declaración, esta se le habría encarado.

Hachís incautado por la policía (Imagen de Archivo) © Flickr Creative Commons
Hachís incautado por la policía (Imagen de Archivo) Foto © Flickr Creative Commons

Este artículo es de hace 6 años

Sevilla, 3 abr (EFE).- La familia de Manuel J.G., por cuya muerte en noviembre de 2015 son juzgados un exmilitar cubano y su patrón, sostiene que el móvil del crimen fue que la víctima descubrió que uno de ellos había robado la mitad de un alijo de 2.000 kilos de hachís del que se encargaron juntos por "necesidades económicas".

El juicio con jurado popular contra Alberto H.B. y José María Y.T. ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de acusación de las partes y sus alegatos, un trámite que se ha alargado tanto que las declaraciones de los acusados no comenzará hasta mañana.

La Fiscalía sólo acusa al exmilitar cubano Alberto H.B. como presunto autor material de un delito de homicidio, por el que le pide 17 años de cárcel, y otro de tenencia ilícita de armas, por el que solicita 10 meses.

Considera que por su pasado militar en conflictos como Nicaragua es alguien "acostumbrado a usar un arma a la mínima" que actuó a "sangre fría" y sabiendo "perfectamente lo que estaba haciendo".

Sin embargo, la acusación particular que ejerce la familia de la víctima acusa también a José María Y.T., amigo de la víctima y dueño de la nave de Carmona (Sevilla) en la que se produjeron los hechos, al creer que "ordenó al hombre que no le iba a fallar" -el exmilitar que trabajaba de guarda en su nave-, matar a Manuel porque había descubierto que había robado la mitad de un cargamento de droga del que se habían hecho cargo juntos por "necesidades económicas".

Pide para ambos 25 años de cárcel por un delito de asesinato y otros dos años por tenencia ilícita de armas.

Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2015 cuando la víctima acudió a la nave de José María Y.T. junto a tres personas donde, según el escrito de la Fiscalía, se produjo una discusión por una deuda ante la cual el exmilitar cubano -en prisión preventiva tras su arresto una semana después- salió de una habitación con una escopeta con la que "disparó a quemarropa" a la víctima.

Manuel J.G. cayó herido al suelo donde según el fiscal el acusado Alberto H.B. "con la intención de acabar con su vida efectuó un nuevo disparo que impactó en la espalda".

Entonces, sus tres acompañantes metieron a Manuel aún vivo en el coche para llevarlo al hospital mientras llamaban al 061 pero al ver su estado pararon en una gasolinera del Polígono Calonge en Sevilla, donde falleció.

Según la acusación particular, Manuel se había metido con su amigo José María Y.T. en un negocio de droga de "manera puntual" por "necesidades económicas" haciéndose cargo de un alijo de 2.000 kilos de hachís que ocultaron en casa de un tercero, a quien en enero de 2015 le robaron la mitad del cargamento.

La víctima descubrió por su "alto nivel de vida" que había sido José María Y.T. quien había encargado el robo a unos "asaltacasas".

Presionado por la banda de narcotraficantes marroquíes que les había encargado ocultar el alijo, fue el día de los hechos a la nave de José María a pedirle explicaciones y en un momento de la discusión este le dio "tres golpes en el hombro" como señal para que saliera Alberto H.B. y disparara a Manuel.

La defensa de Alberto H.B. reconoce que mató a Manuel "en un momento de arrebato" al ver que "estaba intimidando con una pistola" a su patrón, al que consideraba un protector, y solicita una pena máxima de 10 años por homicidio.

El abogado de José María Y.T. pide su absolución, niega sus vínculos con negocios de droga, dice que la discusión fue por una deuda que tenía con Manuel por unos portes y alega que el exmilitar disparó porque se encaró con él.

Ha criticado el relato de la acusación particular que ha atribuido el interés de la familia por inculpar a su cliente para poder cobrar las indemnizaciones -la Fiscalía pide 200.000 euros y la familia medio millón- ante la insolvencia del exmilitar.

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