PDVSA Foto © PDVSA/Wikimedia

Investigan un defalco de 2 mil millones en pagos de comisiones a ex altos cargos de PDVSA

Este artículo es de hace 2 años

El ministerio de Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades venezolanas la estructura de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de sus filiales.

El propósito es dar pasos en la investigación que lleva a cargo ese pequeño país europeo con el fin de aclarar el cobro de 2 mil millones de euros en comisiones ilegales, que PDVSA habría pagado a funcionarios y a empresarios próximos al chavismo, entre los años 2007 y 2012.

Aunque Andorra permaneció blindada hasta el año pasado por el secreto bancario, sin embargo, ahora una jueza de Andorra ha enviado a Venezuela un listado de 35 personas ―en su mayoría ex altos directivos de la compañía― para conocer con exactitud sus cargos, responsabilidad o relación con PDVSA.

Se investiga a varios ex presidentes y altos directivos de la compañía durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-20013), que depositaron 2 mil millones de euros en la Banca Privada d´Andorra (BPA). 

También ha pedido conocer la estructura de las filiales de PDVSA para saber si se trata de fondos públicos o privados.

“Para entender el sistema de corrupción es necesario determinar cuál era la ocupación y la responsabilidad de la persona sobornada”, precisa la jueza; que afirma además que los 2 mil millones de euros que transitaron por la BPA “provendrían de la corrupción en el marco de pagos de comisiones ilegales a través de PDVSA y otras corporaciones públicas como la Corporación Eléctrica S. A. (Corpoelec Electricidad de Caracas)”.

Andorra es un país de apenas 78 mil habitantes, situado a más de 7 mil kilómetros de Caracas, y el dinero en cuestión habría circulado por una maraña de 37 cuentas a nombre de sociedades panameñas.

Según las investigaciones oficiales ―citadas por el diario El País― los fondos saltaron de Andorra a otros paraísos fiscales como Suiza o Belice.

Entre los 35 nombres de la lista se encuentran Nervis Villalobos (exviceministro de Energía y Petróleo encargado del suministro de electricidad entre 2001 y 2006); Javier Alvarado (exviceministro de Energía y expresidente de Corpoelec, la eléctrica estatal); y Diego Salazar (primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta el pasado diciembre del Gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Salazar fue arrestado por las autoridades venezolanas y por la fiscalía de Venezuela; mientras que actualmente se está investigando en Venezuela a Villalobos y Alvarado por distintos delitos de corrupción, blanqueo y asociación ilícita vinculados a PDVSA.

La jueza afirma que los investigados “aprovechándose de su influencia en los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación con los contratos públicos de la empresa PDVSA que comportaba que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con su entramado para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros los implicados por asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones donde el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de PDVSA y sus filiales”.

Este artículo es de hace 2 años

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