Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha presentado el informe anual 2017 sobre prácticas de derechos humanos en el mundo, en el que han vuelto a aparecer países como China, Irán, Venezuela, Corea del Norte, Siria o Cuba. En el pormenorizado apartado sobre los problemas más importantes detectados en la Isla durante el último año en materia de derechos humanos, EE.UU. ha incluido las "torturas a personas percibidas como opositores políticos".
El informe ha dado cuenta de varios temas relativos a la Isla, entre ellos: la existencia de presos políticos; condiciones penitenciarias muy severas que ponen en riesgo la vida humana; arrestos por motivos políticos que muchas veces son violentos; total dependencia de los tribunales al Gobierno; procesos judiciales que dejan a los acusados sin más alternativa que defenderse a sí mismos, entre otros.
"Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos por parte de otros reclusos con la aquiescencia de los guardias".
Agresiones policiales
El reporte anual también denunció que la policía cubana “agredió a detenidos o fue cómplice de hostigamiento público y agresiones físicas contra manifestantes pacíficos”.
Se destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de prisioneros políticos, pese a que se estima que hay entre 65 y 100 personas encarceladas por cuestiones de conciencia. A ello se suma que las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias no tienen acceso a prisiones y centros de detención.
Mención especial se hace de Eduardo Cardet (director de la la organización de derechos humanos Movimiento Cristiano Liberación), quien ha sido condenado a tres años de prisión por agresión a un policía. En varias ocasiones su familia ha denunciado irregularidades en su proceso legal y en el tratamiento que recibe en prisión. Amnistía Internacional declaró a Cardet prisionero de conciencia y explicó que fue arrestado porque criticó al fallecido Fidel Castro y a su gobierno.
También hay menciones a “interferencias arbitrarias en la privacidad, incluidas operaciones de registro y requisas domiciliarias y la vigilancia y censura de las comunicaciones privadas”.
En el caso de la maltrecha libertad de expresión, se precisó que permanece constreñida a principios que "se ajusten a los objetivos de la sociedad socialista", y ello supone el castigo incluso a quienes distribuyan ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Persiste, igualmente, la prohibición a la importación de materiales informativos; el estricto control de todas las formas de prensa y las restricciones internet, lo que incluye el bloqueo de varios sitios web.
Bloqueo a portales de internet
“El gobierno restringió el acceso a Internet y hubo informes fidedignos de que monitoreó sin la debida autorización legal el uso de correos electrónicos, redes sociales, salas de chat en Internet y navegación por parte de ciudadanos y extranjeros”, destaca el informe.
El aumento de los puntos de acceso Wi-Fi y la reducción de precio de la conexión a internet, habría ido de la mano con un aumento en la revisión "del historial de navegación de los usuarios, y censuraron y revisaron el correo electrónico, y bloquearon el acceso a al menos 41 sitios webconsiderados objetables”.
Se insiste en que en Cuba es ilegal tener una antena parabólica que proporcione acceso a Internet sin censura y “el gobierno restringió la importación de enrutadores inalámbricos, atacó activamente puntos de acceso inalámbricos privados y confiscó estos equipos".
En el ámbito académico, el informe señala que en la Isla se castiga cualquier desviación de la línea oficial del gobierno, y ello implica que no se puede hacer críticas a dirigentes y que se limita la libertad académica y cultural.
El derecho de reunión se impidió en Cuba en el último año, siempre que el gobierno consideró que se ejercía "contra la existencia y los objetivos del estado socialista".
Además se criminalizaron las reuniones de tres o más personas que no hubieran sido autorizadas previamente por las autoridades. Por otra parte, se llevaron a cabo actos de repudio planificados por el gobierno, organizados para dispersar a quienes se reunieran pacíficamente.
Solo se permitió participar en el proceso político a aquellos que contaran con la aprobación del gobierno. De hecho, las elecciones municipales llevaron adelante un comisión de candidaturas controlada por el Partido Comunista en la que se trabajó para bloquear a los que no contaran con el aval del Partido.
La libertad de asociación fue denegada y se rechazó el reconocimiento de asociaciones independientes. A ello se suma que se continuó limitando la libertad de movimiento interno y externo, y todo tipo de restricciones a la libertad de circulación en el país, los viajes al extranjero y la migración con derecho a devolución.
El gobierno también controló la migración interna, lo que supone que quienes quieran migrar legalmente enfrentaron interrogatorios policiales, multas, acoso e intimidación, incluido el despido involuntario del empleo.
Los sindicatos independientes siguen prohibidos y perseguidos; y se reportaron casos de corrupción oficial, trabajos forzados y trata de personas.
Finalmente, denuncia el Departamento de Estado en el apartado Cuba de su informe anual 2017 sobre prácticas de derechos humanos, que la mayoría de los abusos contra los derechos humanos en la Isla fueron perpetrados por funcionarios del gobierno, obedeciendo órdenes de sus superiores.
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