Ambientalistas cubanos Foto © Guardabosques

Ambientalistas piden al gobierno cubano que firme el Acuerdo de Escazú

Este artículo es de hace 2 años

El pasado viernes, ambientalistas pertenecientes a la organización autónoma Guardabosques se presentaron ante los ministerios de Relaciones Exteriores y el de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, para exigir al gobierno cubano que firme el Acuerdo de Escazú.

Los documentos a firmar por ambos ministerios exhortan a que se adopte “una postura proactiva, a fin de lograr la firma por parte del gobierno cubano”.

“Los ecosistemas cubanos, la población que forma parte de ellos, así como las instituciones, grupos, organizaciones, y personas que trabajamos en su protección, seremos beneficiarios directos de la implementación de este Acuerdo”, afirman las cartas.

Cartas de los ambientalistas cubanos. Foto: Guardabosques

El pasado 4 de marzo se firmó el documento definitivo del Acuerdo de Escazú, en Costa Rica, un tratado de carácter vinculante para 33 Estados de América Latina y del Caribe, que tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible“.

Cartas de los ambientalistas cubanos. Foto: Guardabosques

Según el sitio Guardabosques, el gobierno de Cuba ha permanecido ausente de los debates y reuniones que se han desarrollado los últimos años para la creación de este acuerdo. 

No obstante, en la actualidad la Isla tiene la presidencia protempore de la CEPAL, organización que ha llevado la Secretaría Técnica de todo ese proceso.

El Acuerdo de Escazú entrará en vigor cuando sea ratificado por 11 países de América Latina y el Caribe.

Algunas de las medidas, obligaciones y garantías que ofrece el acuerdo son los siguientes: 

Reconocer los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.

Tomar las medidas necesarias para garantizar la implementación de estos derechos.

Garantizar un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, agrupaciones y grupos que promueven la protección del medioambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección.

Realizar la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los Derechos de Acceso.

Solicitar y recibir información que esté en poder de las autoridades correspondientes y saber de su derecho a impugnar.

Establecer o designar uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, para la realización de mecanismos de revisión independientes.

Garantizarque las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público, y difundan la información ambiental relevante para sus funciones.

Establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes del aire,agua, suelo, y subsuelo, así como un registro de los materiales y residuos bajo su jurisdicción.

Garantizar la participación en la toma de decisiones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente y la salud, garantizando la participación del público desde las etapas iniciales con información oportuna y plazos razonables.

Contar con medidas para facilitar la producción de la prueba de daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable.

Contar con mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas, y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Establecer medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos, y organizaciones que promueven y defienden los Derechos Humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger, y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Este artículo es de hace 2 años

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