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La ONU pide a Cuba que revele el paradero de un opositor desaparecido desde octubre de 2017

Si se confirma que el activista está preso, el Gobierno debe presentarlo ante un juez, revelar los delitos que se le imputan, darle acceso a un abogado y autorizar que reciba visitas.

César Ivan Mendoza Regal © César Ivan Mendoza Regal/ Facebook
César Ivan Mendoza Regal Foto © César Ivan Mendoza Regal/ Facebook

Este artículo es de hace 5 años

El Comité contra la Desaparición Forzada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha enviado una nota al Gobierno cubano, como Estado parte de dicho organismo, para que dé una respuesta al caso del opositor César Iván Mendoza Regal, desaparecido desde hace casi un año.

Revela Diario de Cuba que se le ha pedido al régimen que informe sobre la “suerte y paradero” del activista, y si no se conociera, hacer lo necesario para esclarecer su situación “de conformidad con los artículos 2, 3, 12 y 24 de la Convención”.

Mendoza Regal, coordinador del Centro para el Desarrollo Local (CEDEL), desapareció el 23 de octubre de 2017, cuando debía viajar a Estados Unidos junto a Roberto Jiménez, representante nacional de Juventud Activa Cuba Unida (JACU).

Si Cuba confirma que el activista de derechos humanos está detenido, entonces debe comunicar dónde se encuentra, presentarlo ante un juez, revelar los delitos que se le imputan, darle acceso a un abogado y autorizar que reciba visitas en la prisión.

De no ser así, entonces el Gobierno tendrá que dejar que los allegados de Mendoza Regal participen “en las actividades llevadas a cabo para localizarlo e investigar su alegada desaparición, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados de la investigación en curso”.

Durante estos meses otros opositores como Roberto Jiménez, Juan Carlos Linares Balmaseda, Eduardo Ortiz Ramírez y Boris González Arenas han presentado recursos ante el sistema de justicia de la Isla en busca de respuestas sobre la situación del desaparecido.

Naciones Unidas también ha pedido protección para ellos, para que puedan seguir con la investigación “sin ser objeto de violencia, intimidación u hostigamiento”.

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