Un juez federal acaba de prohibir al Departamento de Comercio hacer una pregunta acerca de la ciudadanía estadounidense en el censo de 2020, informó el New York Times.
Dicho conteo determinará qué estados sumarán o disminuirán su número de escaños en la Cámara de Representantes en 2012, cuando comience la redistribución de distritos.
La decisión del magistrado da la razón a los demócratas, quienes habían acusado al gobierno de tratar de usar al censo una herramienta para el avance de la riqueza política republicana.
El pasado año, el secretario de Comercio, Wilbur L. Ross Jr., ordenó a la Oficina del Censo que agregara esa pregunta al estudio.
En ese momento, los demócratas protestaron alegando que los resultados subestimarían a los no ciudadanos, quienes usualmente residen en lugares que votan por ese partido.
Ahora, el magistrado Jesse M. Furman, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan, dijo que Wilbur L. Ross Jr, el secretario de comercio, fragmentó “una verdadera mezcolanza” de reglas federales al ordenar que la ciudadanía se incluyera en la encuesta.
En su argumentación, Furman expresó que Ross seleccionó hechos para apoyar su tesis, ignoró o manipuló pruebas contrarias y ocultó las deliberaciones de los expertos de la Oficina del Censo.
Por su parte, la administración Trump explicó que el funcionario tenía facultades para añadir la pregunta, la cual ya se había incluido en indagaciones anteriores.
“Nuestro gobierno tiene el derecho legal de incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo y la gente en Estados Unidos tiene la obligación legal de responder. El restablecimiento de la ciudadanía protege el derecho al voto y ayuda a asegurar elecciones libres y justas para todos los estadounidenses”, reveló en una declaración.
La sentencia de Furman puede dar pie a acciones potencialmente profundas para la política federal y a todos los niveles. Los abogados de la administración podrían apelar o solicitar una suspensión en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito del país, o pedir la intervención del Tribunal Supremo.
Alrededor de 24 millones de no ciudadanos viven en los Estados Unidos, y casi 11 millones de ellos lo hacen ilegalmente.
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