El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) calificó de "preocupante amenaza" el anuncio de que EE.UU. pretende activar un título de la Ley Helms-Burton, que permitiría a estadounidenses reclamar propiedades confiscadas tras la Revolución, reveló este miércoles el grupo en un comunicado divulgado por medios oficiales de la Isla.
La organización, que agrupa a diversas ramas del cristianismo cubano con excepción de la Iglesia católica, rechazó la decisión de Washington de acortar 45 días el plazo usual de revisión del título III -ahora en suspenso- de la legislación.
La medida de Estados Unidos "es una preocupante amenaza de agresión a la independencia, soberanía y dignidad de nuestro pueblo cubano; así como contra todos los países del mundo", indica el documento, firmado por el presidente del CIC, el reverendo Antonio Santana.
Los cristianos de la Isla advirtieron del "carácter extraterritorial" de la Ley Helms-Burton, que ataca a "todo país que mantenga relaciones comerciales con Cuba", y "una de las excusas es la falsa acusación de falta de democracia en Cuba".
Según el comunicado, el gobierno cubano es "justo, legal y legítimo".
El título III de la ley Helms-Burton, que endureció el embargo estadounidense a la Isla, ha sido suspendido periódicamente desde su creación, en 1996, por todos los Gobiernos de EE.UU.
El pasado 16 de enero, un día antes de cumplirse el plazo para notificar al Congreso su decisión al respecto, Mike Pompeo, secretario de Estado, anunció que mantendrá la suspensión solo por 45 días, en lugar del periodo usual de seis meses.
Esta disposición estipula que los estadounidenses -entre ellos cubanos nacionalizados- pueden demandar, ante la Justicia de EE.UU., a las compañías de cualquier país que se beneficien de las propiedades nacionalizadas por el Gobierno comunista en los primeros años del régimen.
De acuerdo a lo dicho por Pompeo, a la hora de decidir si se mantiene la suspensión del título III, Washington tomará en cuenta aspectos como los "esfuerzos" de EE.UU. "para acelerar la transición a la democracia en Cuba", "la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales", así como su "apoyo indefendible" a "los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua".
En respuesta a las declaraciones de Pompeo, el presidente Miguel Díaz-Canel lo acusó de haber lanzado una "provocación injerencista, amenazadora, prepotente, violatoria del derecho internacional".
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