El gobierno de Miguel Díaz-Canel acaba dar un violento portazo a las cooperativas no agropecuarias en Cuba, una peligrosa decisión que se sumará muy pronto al malestar palpable entre los jóvenes aún esperanzados en una vida mejor en su país.
La suspensión del permiso para crear cooperativas no agropecuarias (CNA) ha venido camuflado en un decreto-ley publicado en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial, y que enmascara la medida como el paso a una "etapa experimental" y con "carácter temporal" para perfeccionar esta forma de gestión económica privada que tímidamente había comenzado a abrirse paso en 2013. Las nuevas normativas entrarán en vigor en noviembre.
Universalmente es conocido que una cooperativa es una sociedad formada por personas que tienen intereses comunes para conseguir ciertos fines que benefician a todos. O una Asociación que tiene como fin el reparto entre sus miembros de los beneficios resultantes de la supresión de intermediarios. Pero el gobierno cubano ha redefinido ese concepto para manipularlo.
Lo primero que hace el nuevo Decreto-Ley 366 del Consejo de Estado es decir que las CNA se sustentan en el trabajo de sus socios, lo que implica destruir cualquier estilo empresarial en sus estructuras. Más claro, que todos deben trabajar y no puede haber directivos. Además de aclarar que esta legislación es "experimental’ y que las CNA solo se autorizaron para “relevar” al Estado de aquellas actividades económicas, productivas o de servicios que no se consideren principales.
Las CNA funcionaban en los sectores de la gastronomía (151), el comercio (81), la construcción (59), la industria (34), la ornitología (17) y el transporte (12), aunque otras actividades profesionales estaban prohibidas de integrarse a este forma productiva no estatal.
Si realmente no son "actividades ‘principales”, si no merecen que las administre el Estado, ¿por qué ocuparse ahora de frenar una fuerza de solo 17 mil socios, agrupados en tres provincias? ¿No será que les asusta los 6 000 millones de pesos que han producido apenas 400 entidades, sin un mercado mayorista donde comprar sus insumos, sin buenas herramientas y solo con ganas de vivir un poco mejor?
Ese mensaje productivo llegó con fuerza a las alta jerarquía política y la reacción no se ha hecho esperar.
Decir que las CNA son de “trabajo” es reducir a los asociados a una cuadrilla de braceros, desconociendo la naturaleza empresarial de la asociación. Incluso no siquiera pueden ocultar el malestar al señalar que los directivos están ganando más que los trabajadores, algo normal en toda empresa. El directivo es quien consigue los créditos, los contratos, los insumos y organiza la contabilidad, pero para el gobierno cubano el hipócrita igualitarismo sigue siendo una clave de su anquilosada propaganda.
Aquí lo que se quiere es poner estas cooperativas al servicio de los Consejos de la Administración Provincial para que resuelvan los problemas locales, sin tener la responsabilidad que conlleva la ineficiente empresa socialista. El decreto les concede a las CNA personalidad jurídica, pero les aclara que lo primero es la responsabilidad social. Les dice también que disponen libremente de su patrimonio y que responden de todas las obligaciones contraídas con sus ingresos, pero les acusan de usar créditos para planes no anunciados al Estado.
Cualquiera diría que no pagan los prestamos como entidad corporativa. Pero no, no se trata del desliz de un impago, sino que no actúan como la empresa estatal que espera la orientación para saber todo lo que puede y lo que no puede hacer.
Con estos elementos sobre la mesa y puestos en una legislación, no quedan muchas dudas de que el Decreto 366 es la sentencia de muerte de este proyecto de independencia económica . Un decreto dictado para reforzar aquello que tanto critica Díaz-Canel en sus parrafadas discursivas: el bloqueo interno.
Primero, se congelan todos los proyectos de nuevas cooperativas y se disponen requisitos al cargo de Presidente de las CNA como si se tratara de un dócil delegado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se crean Comisiones de Liquidación en los territorios donde existen las cooperativas con el propósito cantado de disolverlas por cualquier contravención. Se suponía que los socios se unían voluntariamente y se disolvían a voluntad propia, pero ahora lo ordena el Estado todopoderoso. Y esto es, a mi juicio, lo peor del canelato: la acusiosa represión contra el sector privado, que está actualmente tan vigilado como pueden estarlo lo grupos disidentes o los humoristas del programa televisivo Vivir del Cuento.
No debemos engañarnos. Estas medidas de supercontrol jugarán un papel decisivo en el declive de la productividad y de la esperanza de un cambio de paradigma económico en el país. El Artículo 8 del Decreto revela sin tapujos la ira del Partido Comunista contra los cuentapropistas obligando a las cooperativas a sindicalizarse para castrar todo aliento de independencia. Es brutal y triste. El gobierno se encargara de saturar la paciencia del pueblo con tácticas de control policial.
Y, por supuesto, para ser miembro de estas cooperativas, entre otros requisitos, hay que ser residente permanente en Cuba. No se refieren ya al territorio nacional, les basta decir Cuba.
Las cooperativas pueden ser canceladas hasta por seis meses por diferentes razones,algunas de ellas presunciones de delitos o cualquier razon que estime el organo estatal de control. Como se sabe, si usted paraliza una cooperative por seis meses no tiene que liquidarla, pues todos los trabajadores se iran a otra parte a buscar trabajo.De esto , se vera mucho en lo adelante.Tienen hasta un articulo para autorizar a los organos estatales a comprar el transporte que se confizque a las CAN o que las CAN tengan que liquidar al ser canceladas.
La movida gubernamental incluye también un reglamento más detallado en el Decreto 356, emitido el pasado marzo, que dispone desde los requisitos para crear una CNA, sus estatutos y su órgano de dirección hasta su disolución. Para los que apuestan por el supuesto panorama de cambios en el país, sería recomendable toparse con estos 76 artículos del decreto, dignos del período soviético de la década del 70, cuando la JUCEPLAN intentaba planificar la economía cubana. En sus cláusulas finales se advierte a los cooperativistas que seguirán comprando sus materias primas y recursos para trabajar a precios no subsidiados hasta que la economía permita acceso a un mercado mayorista, algo que todos sabemos no ocurrirá mientras el gris personaje de Díaz-Canel siga haciendo ofrendas al continuismo raulista.
Otra medida que frenará el espíritu y la iniciativa de los emprendedores son lo seminarios obligatorios que ya programan para los cooperativistas, y la llamada Guía de Control para que se autoanalicen, verdaderas joyas del postestalinismo cubano.
Las nuevas normas controlan y limitan los precios y las tarifas de los productos y servicios que se comercializan a las entidades estatales por las CNA. Las utilidades también se topan al 30% para la reparación y el mantenimiento de equipos automotores, reconstrucción y chapistería de vehículos, carpintería de aluminio, y se topan al 20% para la construcción y producción de materiales.
En general toda esta legislación se diseña tras cinco años observando el despliegue de inventiva y las ganas de emprender de los asociados en pequeñas brigadas de trabajo, ya que no las podemos llamar PYMES (pequeñas y medias empresas), aunque parcialmente lo sean. El equipo continuista de Díaz-Canel es nefasto en tanto solo puede aportar un comisariato político desfasado, deseoso de mostrarle a Raúl Castro que están en control del país, que la mano dura no solo se aplicará a la disidencia política, sino que apretará también a los cuentapropistas para que no se sientan empresarios capitalistas.
El gobierno cubano está jugando con fuego en medio de una catarata de restricciones absurdas a la vida económica y social del país. Después de cinco años observando el florecimiento económico de estos cooperativistas, resulta ahora que todo era provisional y se requerirá de un tiempo para dictaminar sobre su eficiencia y utilidad, algo que ese propio gobierno no ha tenido en 60 años.
Conozco gente que cree todavía en la posibilidad de hacer negocios en Cuba. Tal vez este decreto contra las CNA les ayude a abrir los ojos y a entender que esa creencia no es más que una quimera.
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