De izquierda a derecha: Moraima Díaz Pérez, Maidolis Oribe Perdomo e Isael Aliaga Perez activistas de UNPACU Foto © Collage Facebook/Moraima Díaz Pérez

Miembros de UNPACU denuncian propuestas de la Seguridad de Estado para ayudarlos a salir de Cuba

Tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) -Moraima Díaz Pérez, Maidolis Oribe Perdomo e Isael Aliaga Pérez- han denunciado haber recibido amenazas y presiones por parte de la Seguridad del Estado para abandonar el país.

Los tres opositores residen en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, y fueron citados recientemente por la policía política de dicha localidad para ser entrevistados por su activismo.

La también opositora, Ana Belkis Ferrer García, indicó en Facebook que el 13 de junio Maidolis Oribe e Isael Aliaga asistieron a una citación, y precisa que “el sicario castrista conocido como Wilber le propuso a Maidolis sacarla con su esposo e hija directo a Estados Unidos, alegando que en unos 15 días sus pasaportes estarían listos y que si les falta dinero ellos podían dárselo”.

En el caso de Aliaga, un “teniente coronel de la tiranía le propuso la salida por Centroamérica”. La nota publicada en Facebook por Ferrer García precisa que anteriormente a Moraima Díaz Pérez también la habían intentado condicionar para que saliera del país.

“Los activistas de Derechos Humanos se negaron a aceptar dichas propuestas, dejándoles claro que saldrán del país cuando ellos crean pertinente y lo harán por sus propios medios porque de la dictadura no necesitan nada”, precisa la opositora.

Parte de las amenazas habrían girado en torno a multas impagadas que los llevarían a la cárcel, incluso, con el detalle de que serán encarcelados en provincias diferentes a la que residen.

“La dictadura intenta imposibilitarles la vida a los miembros de UNPACU, los amenazan, golpean, reprimen, asaltan sus hogares, roban sus pertenencias, los detienen y multan, y luego les condicionan de manera cínica y descarada, les dicen te vas del país o te encarcelamos, violamos y asesinamos”, añadió Ferrer García, hermana del líder de la organización opositora.

“Solidaridad con los valientes opositores pacíficos y los presos políticos. Abajo la dictadura Castro-Canel Comunista. Viva Cuba Libre”, concluyó.

En declaraciones posteriores a Radio Martí, José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, declaró que acciones como esas forman parte de una "vieja fórmula" que ha usado la Seguridad del Estado con otros opositores para presionar su salida del país.

En abril de este año, Carlos Amel Oliva y Katherine Mojena, dos importantes figuras de UNPACU, viajaron a Estados Unidos tras recibir presiones y amenazas de prisión si se quedaban en Cuba.

Al mes siguiente, Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la UNPACU optó por salir del país tras ser liberado el 6 de mayo de una detención temporal en la que fue amenazado con ir a prisión con una pena probable de hasta 15 años.

Informe de Naciones Unidas sobre expatriaciones forzosas

En noviembre de 2019, cuatro relatores especiales de Naciones Unidas elaboraron un informe en el que denunciaron las continuadas violaciones del régimen cubano a los derechos humanos, al cometer hostigamientos, amenazas y expatriaciones forzosas contra activistas políticos y periodistas independientes en la Isla.

El documento dio cuenta de más de 70 casos en que opositores políticos sufrieron un “patrón de persecución” y continuas amenazas para forzarlos a abandonar la Isla. Decisión a la que habrían contribuido acciones represivas previas como el uso de fuerza física, penas de cárcel, allanamientos de viviendas y detenciones arbitrarias.

El documento mencionaba a la aerolínea Aruba Airlines, con mayoría de capital venezolano, y su presunta implicación con los aparatos represivos cubanos en dos de las expatriaciones forzosas que se relacionaban en el documento.

Una de ellas, la de Daniel Llorente Miranda, quien interrumpió el inicio del desfile del Primero de Mayo de 2017 en La Habana con una bandera estadounidense momentos antes de que se iniciara la marcha en la Plaza de la Revolución.

El informe resumía que desde 2014 Llorente Miranda había sido detenido más de 30 veces y condenado a prisión por los delitos de desórdenes públicos y resistencia. El 16 de mayo de 2019 las autoridades del régimen lo obligaron a tomar un vuelo de la mencionada aerolínea para salir de Cuba, mientras su familia era amenazada con represalias por miembros de la Seguridad del Estado si él se negaba a poner fin a su activismo.

Similar suerte corrió la artista independiente Lianelis Villares (Lía Villares), según revela el documento, que fue "detenida más de diez veces, y violado su derecho a participar en la vida cultural de su comunidad, prohibiéndosele hacer actividades como exposiciones, obras de teatro, proyecciones cinematográficas y conferencias”, explicaba el informe. Tras presiones de todo tipo, Villares dejó Cuba el 17 de junio de 2017, obligada a separarse de su familia.

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