El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, renunció al Consejo Consultivo de Salud (CCS) tras la llegada de más de 200 médicos cubanos, contratados por el gobierno para atender a enfermos de coronavirus.
“He sido consistente en mi posición de que no se debe permitir el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República", manifestó Mendoza al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en una carta revelada por el periódico La Prensa.
En los últimos años, Panamá estableció mecanismos legales y académicos que permiten garantizar los conocimientos y las competencias de los profesionales de la salud, recordó Mendoza, que calificó de "daño colateral" de la pandemia de coronavirus, la ignorancia y destrucción de los reglamentos.
Durante este año las diferentes instituciones docentes y gubernamentales panameñas han permitido que unos 400 médicos internos trabajen en los hospitales del país y para 2021 iniciarán sus labores más de 300, entre médicos generales y residentes, siguiendo las leyes nacionales, explicó el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, en su carta de dimisión al CCS.
El Consejo Consultivo de Salud se creó en junio. como organismo asesor del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en las estrategias para continuar la lucha contra el COVID-19, según web presidencial, y está constituido por expertos en el campo de las ciencias médicas y de distinguida trayectoria, en los ámbitos público y privado.
Este viernes llegaron a Panamá más de 200 médicos cubanos, amparados en un contrato bilateral, cuyos detalles y monto financiero no han sido revelados por los gobiernos de Panamá y Cuba, excepto los sitios de trabajo: Panamá Oeste, Chiriquí y la capital.
En agosto, la director ejecutiva de Archivo Cuba, María C. Werlau, instó al ministro de Salud panameño a contratar sanitarios cubanos emigrados y residentes en la isla, al margen del gobierno castrista y a través de la iniciativa sin ánimos de lucro Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19.
"Contratar a los profesionales cubanos directamente, sin mediación del estado cubano, es una solución práctica y humanitaria que eludirá repercusiones legales. Su gobierno evitaría ser parte de un negocio mediante el cual Cuba explota y somete al personal médico a violaciones graves y sistemáticas de sus derechos, expuso en una misiva María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba.
Las misiones médicas promocionadas por el Gobierno de La Habana encarecen los servicios, ya que es obligatorio contratar personal para administrar a los trabajadores, cuando en realidad se trata de funcionarios que tienen como función "vigilar y disciplinar", indicó Werlau.
Recientemente, el principal sindicato médico de La Paz rechazó la vuelta de médicos cubanos a Bolivia y su postura fue apoyada por la Universidad Mayor de San Andrés, el principal centro estatal de estudios universitarios, que nunca ha aceptado la homologación de títulos médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), con sede en La Habana.
Miembros de la sociedad civil cubana y algunos gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado ante la comunidad internacional el uso de los médicos por parte del gobierno de la isla para obtener divisas extranjeras y, a su vez, usarlos como exportadores de la ideología comunista.
El Gobierno cubano ha rechazado estas acusaciones, presentando la venta de servicios médicos como una iniciativa solidaria, pero diferentes medios internacionales han ofrecido detalles de los contratos que se han firmado entre las partes para que los médicos de la isla ofrezcan sus servicios a cambio de salarios desiguales que para expertos de ONU se trata de una modalidad de "trabajo forzoso".
En octubre, un periódico de Kenia reveló que Cuba cobra 13 millones de dólares anuales al gobierno de ese país africano por el trabajo de médicos "obedientes". Precisamente en Kenia fueron secuestrados los médicos cubanos Assel Herrera y Orlando "Landy" Rodríguez, que permanecen en manos de un grupo terrorista somalí desde abril de 2019, que exige un rescate de un millón y medio de dólares por ambos galenos.
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