El periodista cubano José Raúl Gallego desmintió la tesis lanzada por “medios oficiales, voceros del gobierno y perfiles falsos” que “han criticado la posibilidad” de que la Seguridad del Estado esté detrás de los envenenamientos a los perros de los activistas animalistas Leidy Laura Hernández y Javier Larrea Formoso, director de la organización Bienestar Animal Cuba (BAC).
Gallego recordó que este tipo de campaña mediática oficial no es casual y que constituye una de las estrategias del gobierno cubano para descalificar a cualquiera que considere sus enemigos.
“En los últimos meses ha ido desfilando por ese espacio (el noticiero nacional de televisión) varios de los sectores más activos de la sociedad civil cubana, todos clasificados bajo las etiquetas de siempre: mercenarios, anticubanos, marionetas de poderes externos y todo lo demás que ya conocemos. Ahora podría tocarle el turno a parte del movimiento animalista”, escribió Gallego en Facebook.
El periodista admitió que, si bien es cierto no existen pruebas fácticas para determinar que la Seguridad del Estado envenenó a las mascotas de los activistas, esto se debe a que en Cuba no existen mecanismos independientes para realizar una autopsia a los animales, ni la posibilidad de desarrollar un proceso de investigación fuera de la propia institución (el Ministerio del Interior) donde recae la sospecha de culpabilidad.
“Las pruebas fácticas no las tenemos y no las vamos a tener mientras no exista en Cuba Estado de Derecho e instituciones independientes. Como mismo no las podemos tener sobre el asesinato de Oswaldo Payá o el comportamiento real de los casos de coronavirus aun cuando vemos que en Cuba no se transmite en las enormes y constantes colas, pero sí en las reuniones familiares”, subrayó el periodista.
Lo anterior es parte de un problema sistémico de un país totalitario, de acuerdo al periodista. “El problema no son los animales, es el miedo a una rebelión en la granja”, afirmó.
Para José Raúl Gallego, existen varios motivos que invitan a pensar que la policía política fue la responsable de estas muertes. La primera es que, tanto Javier Larrea como Leidy y otros animalistas, “han sido hostigados y dañados de diferentes maneras por la Seguridad del Estado a raíz de su activismo en defensa de los animales”, dijo.
La segunda es que, a pesar de que los activistas animalistas del BAC se encuentran en proceso de diálogo con el gobierno para exigir y participar en la confección de una ley animal, estos “siguen siendo amenazados y hostigados por la Seguridad del Estado.
La tercera es que “el acoso y presiones de la SE y funcionarios de instituciones gubernamentales se hizo patente en días recientes contra personas que firmaron y apoyaron la carta de los veterinarios solicitando a la Asamblea el reconocimiento del ejercicio por cuenta propia de su profesión”, agregó.
La cuarta es que el envenenamiento de los perros de Leidy ocurrió después de que la Seguridad del Estado detuviera a su esposo, el rapero Omar Mena, debido a su activismo cívico, además de haber recibido amenazas por parte de un perfil falso de Facebook de que envenenarían a sus perros, lo que recuerda las tácticas de la SE.
El periodista también se refirió a incidentes anteriores como los envenenamientos a los animales de activistas y opositores, como es el caso de Ariel Ruiz Urquiola y David de Omni; y de las amenazas y chantajes contra familiares e hijos de opositores por parte de la SE, lo que consideró como elementos por los que también cabría sospechar de la policía política cubana ante actos atroces.
“Lo que sí es descartable es que el envenenamiento de perros sea parte de un plan para intentar radicalizar a los animalistas”, aseguró Gallego, a lo que agregó que “las actas desclasificadas del FBI sobre el juicio de los Cinco (espías)” mostraban “los encargos que les hacían desde La Habana para crear rencillas dentro de grupos opositores”.
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