CARACAS, 9 sep (Reuters) - El Gobierno de Venezuela está permitiendo que empresarios locales manejen al menos 13 industrias de alimentos nacionalizadas hace una década, dijeron una decena de fuentes conocedoras de los cambios, en un intento de mejorar las operaciones tras la gestión estatal.
En esas industrias, que van desde centrales azucareras, plantas de harina de maíz, lácteos y salsas, atuneras, torrefactoras y empresas de ventas de insumos agrícolas, el gobierno de Nicolás Maduro mantiene la propiedad, y deja la administración a manos de terceros a cambio de pagos, según las fuentes consultadas y documentos vistos por Reuters.
La cesión del manejo de las empresas públicas es otro ejemplo de cómo Maduro revierte parte del modelo económico de su predecesor Hugo Chávez, un proceso que comenzó a inicios de 2019 cuando flexibilizó las regulaciones a la economía en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Pero parece poco probable que los cambios de dirección en las industrias estatales modifiquen drásticamente la producción en el sector agrícola y agroindustrial después más de una década de deterioro y años de hiperinflación, dijeron analistas.
"Con la crisis económica está cambiando el modelo de gestión para mejorar el ingreso o reducir el gasto público", dijo Richard Obuchi, economista de la firma local ODH. "El control gubernamental ha ido perdiendo sentido", agregó.
Los nuevos administradores asumen las inversiones y las nóminas, además de destinar una parte de la producción a los planes oficiales de distribución de comida y aportar ingresos a fondos de instituciones, según las fuentes.
Una de las empresas que tiene nueva dirección desde hace tres meses es la Industria Venezolana Maicera Pronutricos, tomada por el Estado hace 11 años. Sus plantas para procesar harina de maíz precocida son manejadas por la compañía regional Alimentos El Maizal.
La empresa privada firmó un contrato de arrendamiento por cinco años en el que pagará al mes un monto equivalente a unos 16.000 dólares, de acuerdo con el documento visto por Reuters.
Estos arreglos en parte se amparan en una "ley antibloqueo", aprobada en 2020 por la oficialista asamblea constituyente que cesó funciones en diciembre pasado, que permite pactar de manera confidencial contratos con privados y modificar la "gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado" en empresas públicas o mixtas.
Los contratos, pactados con empresas poco conocidas, se firman con las figuras de "alianzas estratégicas" y arrendamientos de instalaciones por un lapso, según fuentes y documentos.
"Se hacen alianzas estratégicas para que ellos (privados) sean quien las administren (empresas estatales) y produzcan el rubro que le corresponde", dijo el gobernador de Portuguesa, Rafael Calles, en una entrevista. "Ninguna de estas alianzas son ventas de acciones, ni mucho menos. La empresa sigue estando en manos del Estado", añadió.
En uno de los contratos pactados con un privado visto por Reuters, el gobierno argumenta que se implementarán "mecanismos excepcionales de contratación" con el propósito de "satisfacer los derechos de salud y alimentación, generación de ingresos y consecución de divisas", lo que evidencia la búsqueda de dinero.
En Portuguesa, algunas empresas privadas que llevan las plantas productivas estatales destinan un porcentaje de la facturación a un fondo de la gobernación para percibir dinero adicional al aporte del gobierno central, agregó Calles.
"El fondo recibe unos 60.000 dólares al mes que van a la compra de transformadores eléctricos y bombas de agua", señaló. El Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Agricultura no respondieron a peticiones de comentarios, tampoco Alimentos El Maizal.
Administración fallida
Hugo Chávez en 2007 inició una ola de expropiaciones, apoyada por altos ingresos petroleros, de compañías de sectores considerados "estratégicos" como alimentos, industria, petróleo, electricidad, construcción y comunicaciones. Pero bajo el dominio estatal esas industrias redujeron sus niveles de producción por desinversión, corrupción y falta de insumos.
Las nuevas administraciones no han evitado que las industrias sigan con los problemas que ya arrastraban como la menor producción y las deudas con los trabajadores.
En Agropatria, que vende insumos al sector agrícola, algunas de sus sucursales en dos estados del país son manejadas por empresas privadas diferentes, dijeron dos de las fuentes consultadas, que agregaron que los nuevos administradores no han garantizado mejoras en el abastecimiento de químicos. Agropatria no respondió a solicitudes de comentarios.
En la nacionalización, el Estado tomó 10 centrales azucareros, y cuatro de ellos ubicados en los estados Lara y Portuguesa, son llevados por privados, pero esas industrias están sin actividad.
Una de los centrales con problemas es el Pío Tamayo, ubicada en el estado Lara, que maneja el Consorcio Veinca, desde el primer trimestre de este año. Sus trabajadores reclaman el retraso de las operaciones y de los pagos de salarios.
"Ellos iban a invertir en las instalaciones y en materia prima, lo que no ha sucedido", señaló Noel Quetel, un empleado de la industria, en una entrevista la semana pasada. Consorcio Veinca no respondió a peticiones de comentarios.
(Reporte de Mayela Armas en Caracas. Información adicional de Keren Torres en Barquisimeto)
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