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Régimen cubano extiende validez de los certificados de antecedentes penales

La escasez de recursos y la oleada de emigrantes provocada por la crisis migratoria actual han provocado un colapso en los registros civiles para obtención y legalización de documentos.

Certificado de Antecedentes Penales © CiberCuba - MINJUS
Certificado de Antecedentes Penales Foto © CiberCuba - MINJUS

El régimen cubano decidió extender la validez de los certificados de antecedentes penales de los seis meses a un año de duración.

Para ello, el ministerio de Justicia de Cuba (MINJUS) implementó promulgó la Resolución 609/2023, la cual extiende la validez de la Certificación de Antecedentes Penales en el país.

Esta certificación es un documento crucial y legalmente reconocido para verificar la existencia o ausencia de antecedentes penales de una persona, siendo esencial en trámites nacionales e internacionales, especialmente en casos de migración.

La escasez de recursos y la oleada de emigrantes provocada por la crisis migratoria actual han provocado un colapso en los registros civiles para obtención y legalización de documentos, así como en otras oficinas donde se tramitan documentos requeridos para estos cubanos.

La Resolución 609 establece que, a partir del 30 de noviembre de 2023, los certificados de antecedentes penales tendrán una validez de un año desde su fecha de emisión, en contraste con los seis meses de validez que tenían anteriormente.

Esta ampliación de la vigencia busca solucionar la problemática previa, donde los certificados vencían antes de que los interesados pudieran concluir sus procesos de legalización, debido al colapso provocado en las distintas oficinas y administraciones, incluyendo las legalizaciones que realiza el ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

“Ya era hora. Hay gente que tiene los certificados en su mano, listos para surtir efectos en el exterior, pero ya vencidos, o a punto de vencer”, comentó una notaria a esta redacción tras la publicación de la Gaceta Oficial.

Por su parte, el MINJUS reconoció la necesidad de esta extensión debido al tiempo requerido para resolver procesos penales y al considerable aumento en la solicitud de certificaciones para diversos trámites.

Asimismo, enfatizó que al expirar el plazo de validez, las certificaciones deben ser renovadas, lo que resulta en una racionalización del proceso y una reducción de la carga de trabajo en el Registro Central de Sancionados.

A pesar de la extensión del periodo de validez, los procedimientos para solicitar y legalizar la Certificación de Antecedentes Penales no han experimentado cambios significativos después de la implementación de la Resolución 609.

La solicitud de estos documentos está disponible para ciudadanos cubanos mayores de 16 años y extranjeros que residan temporal o permanentemente en Cuba. Para su uso dentro del territorio nacional, el costo está limitado a 5 CUP por sellos de timbre, incluidos como parte del impuesto sobre tramitación de documentos oficiales.

En el caso de ser necesaria fuera de Cuba, los costos varían dependiendo de la residencia de la persona y el lugar de utilización. Si la certificación es solicitada por residentes permanentes en la isla, el servicio tiene un costo de 1,250 CUP más el sello de timbre de 5 CUP.

No obstante, si la persona es residente en el exterior o no puede realizar el trámite personalmente, el servicio asciende a 1,250 CUP más sellos de timbre por un valor de 125 CUP.

Además, aquellos que conserven su residencia permanente en Cuba tienen la opción de solicitar la certificación presencialmente en varias oficinas distribuidas en las Direcciones Provinciales de Justicia y en instituciones municipales específicas.

Las certificaciones para uso exclusivamente nacional pueden ser solicitadas en línea a través del sitio web del MINJUS, pero su recogida debe realizarse de manera presencial en la unidad correspondiente en un plazo de 72 horas hábiles.

Para aquellos que planeen utilizar las certificaciones fuera del territorio nacional, pueden acudir a sucursales específicas de Consultoría Jurídica Internacional o a los Bufetes Colectivos para su solicitud y procesamiento.

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