El gobierno cubano actualizará los valores referenciales de las viviendas, que ahora serán cinco veces superiores a los establecidos en 2017, avanzó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante el cuarto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.
Según el dirigente comunista, la medida responde a la necesidad de ajustar los precios oficiales a los valores reales del mercado, buscando reducir los altos niveles de evasión fiscal y morosidad en los pagos asociados a estas transacciones.
La nueva política incluye la clasificación de las viviendas por zonas, lo que permitirá un ajuste más preciso en los valores según su ubicación.
Además, los impuestos sobre ingresos personales relacionados con la compraventa, herencia y donación de viviendas se calcularán y pagarán en base al valor real de las transacciones, promoviendo mayor transparencia en el proceso.
Un cambio significativo es la obligatoriedad del pago total del espacio antes de realizar el acto notarial y la inscripción en el registro de la propiedad, un requisito que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales.
Con esta medida, el régimen pretende modernizar su sistema de gestión inmobiliaria, aunque podría implicar nuevos retos para los ciudadanos en un contexto económico ya complejo.
El de la vivienda no es un tema menor en la cotidianidad cubana, sobre todo, porque es un aspecto al que el gobierno no le brinda la importancia demandada, mientras continúa construyendo hoteles en el país.
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