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El expresidente argentino Alberto Fernández enfrenta un nuevo caso ante la ley tras la decisión del juez federal Julián Ercolini de procesarlo por presuntos actos de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez.
La resolución, emitida este lunes, sostiene que hay pruebas suficientes para imputarlo por lesiones leves y graves en un contexto de violencia machista, así como por amenazas coactivas, publicó la agencia EFE.
La investigación, que incluyó la declaración de Yáñez (43 años) y más de una decena de testigos, determinó que los hechos denunciados no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón de violencia continuada.
El medio de prensa agregó que como parte del fallo, el magistrado ordenó el embargo de bienes del exmandatario por un valor de 10 millones de pesos (aproximadamente 10,000 dólares) y ratificó la prohibición de que Fernández se acerque a Yáñez a menos de 500 metros o que intente comunicarse con ella por cualquier medio.
No obstante, levantó la restricción que impedía al expresidente salir del país, impuesta en agosto de 2024.
El juez Ercolini resaltó en su dictamen que existen "varios elementos que demuestran la habitualidad y continuidad de la violencia ejercida por Fernández sobre Yáñez", detallando que el expresidente habría incurrido en acoso, hostigamiento y manipulación psicológica, además de agresiones físicas.
Este tema ha sido ampliamente abordado en las diferentes plataformas digitales.
Fernández, quien estuvo al frente del país en el periodo 2019-2023, también es investigado por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para el sector público que habrían implicado un perjuicio para el Estado equivalente a 300 millones de dólares.
Un proceso con antecedentes y pruebas digitales
La denuncia de Yáñez contra Fernández cobró fuerza en julio de 2024, cuando en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias se hallaron en el teléfono de una exsecretaria del expresidente conversaciones y fotografías que habrían evidenciado las agresiones.
Fernández, quien prestó declaración indagatoria hace dos semanas, negó las acusaciones y rechazó las pruebas en su contra, asegurando que la denuncia responde a motivaciones políticas. Sin embargo, la Fiscalía y el juez consideraron que las evidencias y testimonios son suficientes para avanzar en el procesamiento.
Con este fallo, Fernández enfrenta un complejo escenario judicial que podría derivar en un juicio en su contra, en medio de una creciente presión social y política por el avance de causas de violencia de género en Argentina.
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