Una jueza federal en California bloqueó, de forma temporal, el controvertido plan de despidos masivos impulsado por la administración de Donald Trump. Este es el primer revés judicial contra la reestructuración gubernamental que promueve el presidente republicano.
La decisión, emitida por la jueza Susan Illston del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, ordena suspender durante al menos dos semanas la ejecución de despidos, así como el cierre de oficinas y programas federales, argumentando que dichas acciones no pueden realizarse sin la aprobación del Congreso.
"Es prerrogativa de los presidentes impulsar nuevas prioridades políticas (...), pero para realizar reformas a gran escala en las agencias federales, cualquier presidente debe contar con la ayuda de su rama coigual y socia, el Congreso", escribió Illston en una orden de 42 páginas, publicada el 9 de mayo.
Insistió en que el presidente debe solicitar la cooperación del Congreso para ordenar los cambios que busca. Atendiendo a esto, emitió una orden temporal para frenar los despidos a gran escala.
Tensiones internas y denuncias legales
El plan de Trump, apoyado por el magnate Elon Musk y el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha generado alarma tanto en sindicatos federales como entre legisladores, incluso dentro del Partido Republicano, por su velocidad y alcance.
A principios de abril, el Departamento de Salud y Servicios Humanos despidió a 10.000 empleados. También se han anunciado recortes de personal en el Servicio Forestal, el Servicio de Parques Nacionales y la NOAA, que podrían dejar a miles de personas sin empleo.
Trump aseguró en marzo que los despidos serían decididos por los secretarios de su gabinete y no directamente por Musk ni DOGE, pero la presión para ejecutar recortes sigue latente. "Si pueden recortar, mejor. Si no, Elon hará el recorte", advirtió el mandatario en su red Truth Social.
La medida judicial responde a una demanda presentada por sindicatos y organizaciones civiles donde argumentan que el presidente está excediendo su autoridad al ordenar despidos sin un proceso legislativo adecuado.
Trump ha intentado calmar las aguas dentro de su gabinete y frente a la opinión pública, insistiendo en que su objetivo es "mantener a las personas mejores y más productivas", y que los recortes deben ser quirúrgicos, no masivos.
Sin embargo, fuentes cercanas al Congreso indican que la rapidez y falta de transparencia en los despidos han causado fricciones incluso entre aliados republicanos.
La suspensión ordenada por la jueza Illston representa un respiro temporal para miles de trabajadores federales, pero la Casa Blanca insiste en que los recortes continuarán, para reducir el gasto y combatir el despilfarro.
La reestructuración del aparato estatal norteamericano en curso es una de las más agresivas desde la Segunda Guerra Mundial y parece avanzar hacia una concentración de poder sin precedentes. El fallo judicial podría marcar el inicio de una larga batalla legal con consecuencias profundas para el futuro del gobierno federal.
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