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La administración Trump ha dado un paso atrás en una de sus medidas más polémicas: embargar los cheques del Seguro Social a quienes tienen préstamos estudiantiles impagos.
El Departamento de Educación confirmó que no retendrá estos beneficios por ahora, en medio de crecientes críticas y preocupación por el impacto económico en las personas mayores.
“El Departamento no ha compensado ninguna prestación del Seguro Social desde que reanudó la recaudación el 5 de mayo y ha suspendido cualquier compensación futura”, declaró Ellen Keast, portavoz del Departamento, en declaraciones recogidas por la prensa estadounidense.
¿Por qué esta decisión es importante?
Esta medida representa un alivio para cientos de miles de jubilados.
Según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), más de 450,000 prestatarios mayores de 62 años están actualmente en mora con sus préstamos estudiantiles federales.
Muchos de ellos dependen de su cheque mensual del Seguro Social para cubrir sus necesidades básicas.
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En muchos casos, el 90 % del ingreso mensual de estos jubilados proviene de esa prestación.
El embargo de hasta un 15 % de ese monto -como permite la ley federal- podría empujar a muchos a situaciones extremas, como elegir entre pagar medicinas o comprar comida.
“Perder una parte de sus beneficios del Seguro Social para pagar préstamos estudiantiles podría significar no tener suficiente para comida, transporte a citas médicas u otras necesidades básicas”, advirtió Carolina Rodríguez, directora del Programa de Asistencia al Consumidor de Deuda Educativa, en una entrevista con CNBC.
¿Qué originó este cambio?
La pausa llega después de un anuncio hecho en abril por la propia administración Trump, en el que se establecía que los cobros de préstamos estudiantiles en mora se reanudarían a partir del 5 de mayo, tras haber estado suspendidos desde marzo de 2020, durante la pandemia.
La reanudación incluía embargos automáticos de salarios, reembolsos de impuestos y beneficios federales como el Seguro Social.
Sin embargo, las protestas de defensores de los derechos de los deudores, organizaciones civiles y expertos legales, llevaron al gobierno a reconsiderar -al menos parcialmente- su postura.
“Simplemente suspender esta táctica de cobro es lamentablemente insuficiente”, afirmó Persis Yu, directora del Centro de Protección al Prestatario Estudiantil, en declaraciones recogidas por CBS News.
“Cualquier esfuerzo continuo por reactivar la maquinaria de cobro de deudas del gobierno es cruel, innecesario y avivará aún más el caos económico para las familias trabajadoras de todo el país", añadió.
¿Qué pasará con el resto de los cobros?
Aunque el embargo del Seguro Social ha sido suspendido, el Departamento de Educación continuará con otras formas de recaudación coercitiva, como la retención de reembolsos de impuestos y el embargo de salarios.
La cartera de deuda estudiantil federal asciende a 1,6 billones de dólares, y el gobierno ha reafirmado su intención de recuperar al menos parte de ese monto.
Esto significa que, aunque los jubilados pueden respirar momentáneamente, millones de otros prestatarios siguen expuestos a consecuencias financieras severas.
Muchos de ellos han visto cómo sus planes de pago han sido bloqueados, su crédito afectado, o no pueden acceder fácilmente a opciones de pago basadas en ingresos.
Un sistema con falta de recursos
Varios exfuncionarios del Departamento de Educación y expertos en políticas públicas han señalado que el sistema actual no está preparado para manejar de manera justa y efectiva el volumen de personas en mora.
En los últimos meses, se han producido recortes de personal en las oficinas encargadas de ayudar a los prestatarios.
“Si vas a declarar que las personas tienen que cumplir con sus obligaciones, debes asegurarte de que el departamento sea capaz de manejar sus interacciones”, dijo A. Wayne Johnson, quien fue director de operaciones de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes.
Por su parte, Betsy Mayotte, presidenta del Instituto de Asesores de Préstamos Estudiantiles, señaló que ha recibido múltiples quejas de personas que no logran contactar al Grupo de Resolución de Incumplimientos.
La falta de apoyo concreto puede hacer que los prestatarios pierdan las pocas oportunidades que existen para salir del impago.
Una deuda que envejece con el país
Durante años, el rostro del prestatario de préstamos estudiantiles fue el de un joven universitario recién graduado.
Sin embargo, hoy la deuda también envejece.
El grupo de mayores de 60 años es el de crecimiento más rápido entre los deudores, con más de 125,000 millones de dólares adeudados.
En 2001, unas 6,200 personas vieron embargado su cheque del Seguro Social por esta deuda.
Para 2019, la cifra se disparó a más de 192.000, según el Centro de Protección al Prestatario Estudiantil (CFPB).
Este fenómeno se explica en parte por el aumento de los costos universitarios, que ha llevado a muchas personas a endeudarse para pagar sus propios estudios o los de sus hijos. Y al llegar la jubilación, esas deudas siguen activas.
¿Qué viene ahora?
Keast aseguró que en las próximas semanas el Departamento lanzará una campaña de comunicación proactiva con los beneficiarios del Seguro Social en mora, para informarles sobre planes de pago asequibles y programas de rehabilitación.
No obstante, no se han dado detalles sobre cómo se implementará ni cuándo comenzará.
Mientras tanto, más de seis millones de prestatarios enfrentan daños a su historial crediticio, según documentos judiciales citados por el SBPC. Y millones más siguen sin saber si tendrán apoyo real para mantenerse fuera del impago.
La decisión del gobierno de Trump de suspender el embargo de los beneficios del Seguro Social para cobrar préstamos estudiantiles en mora representa un alivio momentáneo para cientos de miles de personas mayores.
Sin embargo, deja muchas dudas sin resolver y no protege a la mayoría de los deudores, que siguen enfrentando embargos y consecuencias crediticias.
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